Luego de la ratificación del Congreso a la Ley de Discapacidad, vetada por el presidente Javier Milei, este lunes el jefe de Gabinete confirmó que el Poder Ejecutivo va a promulgar dicha norma pero demorará su aplicación hasta definir su financiamiento.
Cabe mencionar que la iniciativa fue impulsada por la oposición y contó con un amplio respaldo parlamentario, incluso de sectores que habían acompañado al oficialismo. En ambas cámaras superó los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial.
En ese marco, Guillermo Franco, puso en cuestión el origen de los recursos y acusó a la oposición de realizar "una acción deliberada contra la política central de este Gobierno que es el equilibrio fiscal".
"El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente", planteó el ministro en diálogo con Clarín.
A su vez, agregó: "Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”.
En cuanto a los fondos, el funcionario señaló que "también es cierto que, creo que es el artículo 38 de la Ley Financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos".
"No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", expresó.
Diversos juristas afirmaron que, a menos que el presidente logre una medida cautelar, debe poner en marcha la ley. Otra opción considerada por el Ejecutivo es "dejarla morir". Mientras tanto, la oposición amenazó con remover a Francos si no se reasignan las partidas correspondientes.
Si el Ejecutivo decidiera reasignar partidas, podría estar reconociendo implícitamente la vigencia de la ley que Milei rechazó. Por otro lado, si no se implementara dicha reasignación, tanto Milei como Francos podrían enfrentar denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El diputado Oscar Agost Carreño recordó que el Jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar las partidas conforme a la ley y advirtió que el Congreso podría interpelarlo o incluso aplicar una moción de censura.