La causa por el fentanilo contaminado que habría provocado la muerte de al menos 124 personas en el país sigue arrojando datos escalofriantes.Según reveló el periodista Andrés Klipphan en Infobae, Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group y de Laboratorios Ramallo S.A., encabezó personalmente el encubrimiento de pruebas, la falsificación de documentos y la destrucción de evidencia días después del alerta emitido por el Hospital Italiano de La Plata.
La información se desprende del expediente judicial que lleva adelante el juez federal Ernesto Kreplak, donde se detalla que el 17 y 18 de mayo, pocos días después de que se conocieran los primeros fallecimientos vinculados al anestésico contaminado, se realizaron reuniones clave en la casa de Javier Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo.
Allí estuvieron presentes García Furfaro, su hermano Diego García Furfaro, y el propio Tchukrán. En esas reuniones, videos de cámaras de seguridad los muestran destruyendo ampollas, señalando cajas con aparentes muestras de fentanilo y ordenando su eliminación: “Llevate esto, boludo”, le dice Furfaro a uno de los presentes, mientras le ordena “someterlas al calor para que se mueran las bacterias”.
En el mismo encuentro, García Furfaro ordenó completar “la hoja de ruta” de fabricación del lote adulterado, que hasta ese momento estaba incompleta. También pidió que la firmara el director técnico del laboratorio, Antonio Maiorano, lo que, según consta en la causa, constituye una falsificación de documentos.
En su declaración judicial, Maiorano denunció que se negó a firmar sin ver antes los datos, pero que fue encerrado en una oficina y presionado: “Tuve que firmar amenazado”, aseguró ante el juez Kreplak.
Otro de los puntos más graves de la investigación tiene que ver con la destrucción de evidencia digital. En las grabaciones, se escucha a Tchukrán confirmar: “Hice borrar todo lo que estaba… lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información”. Las cámaras del laboratorio fueron apagadas, y los servidores internos eliminados.
Con la investigación en curso, los principales acusados ya fueron procesados y embargados, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de la cadena de responsabilidades. La causa investiga homicidio con dolo eventual, falsificación de documentos públicos y encubrimiento agravado.