La reciente decisión del Gobierno nacional de suspender los derechos de exportación, a través del Decreto 682/2025, generó un amplio malestar en la Cámara de Diputados. Legisladores de la oposición plantearon fuertes cuestionamientos y elevaron distintos pedidos formales para que el Ejecutivo brinde explicaciones claras sobre la medida.
Desde el bloque Encuentro Federal, un grupo de diputados encabezado por Carlos Gutiérrez pidió que se informe si las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) cuentan con respaldo real en mercadería, tal como exige la normativa vigente. Además, exigen conocer qué reglamentaciones están activas para garantizar que los exportadores cumplan con sus compromisos fiscales y no se generen maniobras especulativas.
Uno de los puntos más controvertidos es la rapidez con la que se agotó el cupo de DJVE bajo el nuevo régimen: en apenas tres días. Esto encendió alertas en varios sectores políticos sobre posibles beneficios concentrados en grandes empresas exportadoras.
Por otro lado, el diputado Eduardo Valdés (UxP) solicitó la interpelación de Luis Caputo, Pablo Quirno y Juan Pazo, principales responsables del área económica, para que expliquen si existió una reunión previa con cámaras empresarias antes de la firma del decreto. Para Valdés, la medida fue negociada “a puertas cerradas” y favoreció a un grupo reducido de actores con acceso privilegiado a la toma de decisiones.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano, hoy en el bloque Coherencia, presentó un proyecto para conformar una Comisión Investigadora que evalúe las consecuencias fiscales, económicas y sociales del nuevo esquema sin retenciones. La iniciativa ya fue girada a comisiones clave como Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, y se anticipa un debate con alta tensión política.
Mientras tanto, el oficialismo guarda silencio y evita pronunciarse públicamente, en un escenario donde la transparencia y el control legislativo vuelven a estar en el centro de la escena.