En la Cámara de Diputados de La Provincia de Buenos Aires, se presentó un proyecto de ley para crear un mapa interactivo que permita monitorear el nivel de arsénico en el agua en el territorio bonaerense.
Dicha iniciativa fue propuesta por la diputada bonaerense Sabrina Sabat, y consiste en la creación de una plataforma digital de acceso público, gratuito e irrestricto que permita monitorear la calidad del agua para consumo humano en toda la provincia.
Al respecto, la legisladora sostuvo: “La problemática de la presencia de arsénico en agua destinada a consumo humano es una crisis sanitaria silenciosa que afecta a vastas regiones de nuestro país y en participar en la provincia de Buenos Aires”.
Es preciso mencionar que el proyecto de ley fue luego de que se revelara un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el cual arrojó que una importante cantidad de localidades de diferentes puntos del país se encuentra con niveles de arsénico superiores a los que se puede tolerar en el consumo de agua.
Entre las más afectadas se encuentra la provincia de Buenos Aires, siendo los municipios de Escobar, El Remanso, Villa Ruiz, General Rodríguez, Ponte Vedra, Marcos Paz, Long Champs, Alejandro Korn, San Vicente, Brandsen, Domselaar, Máximo Paz, Vicente Casares, Cañuelas, Uribelarrea, Lobos, Navarro y Chivilcoy, los más señaladas.
También, el texto mencionó a Suipacha, Mercedes, Azcuénaga, San Antonio de Areco, Pergamino, Junín, 9 de Julio, General Villegas, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Punta Médanos, Villa Laguna La Brava, San José de Balcarce, Tres Arroyos, Copetonas, Hilario Ascasubi.
De esta manera, la legisladora propone crear un sistema de monitoreo que tendrá por objeto relevar, sistematizar y publicar de forma accesible y actualizada los niveles de arsénico así como otros contaminantes relevantes en el agua de red y pozo destinada a consumo humano.
“Esta ley no solo busca generar una herramienta de prevención del acceso al agua potable, sino también transparentar una problemática de salud pública, empoderar a los ciudadanos, fortalecer el control social sobre las empresas prestadoras y proveer a los gestores públicos de una herramienta fundamental”, finalizó Sabat.