El diputado nacional José Luis Espert vuelve a estar en el centro de la polémica tras la aparición del contrato que firmó en junio de 2019 con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. Aunque Espert había admitido haber recibido 200.000 dólares, la documentación reconstruida revela que el monto total del acuerdo ascendía a 1.000.000 de dólares.
El contrato fue rubricado dos semanas antes del lanzamiento formal de la candidatura presidencial de Espert, y estipulaba un pago inicial de 100.000 dólares “en el acto de la suscripción”, seguido por nueve cuotas mensuales de igual valor mediante transferencia bancaria. Según los registros disponibles, entre junio de 2019 y marzo de 2020 se habrían transferido los pagos completos, sin que exista evidencia de que se haya cumplido el servicio pactado.
El acuerdo fue firmado por Machado en representación de Minas del Pueblo, una empresa guatemalteca identificada por las autoridades estadounidenses como parte de una estructura delictiva dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.
En el contrato se detallaba un supuesto “análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años”, además del diseño de estrategias de expansión y seguimiento del plan. Sin embargo, no hay pruebas documentales ni testimonios de que esas tareas hayan sido realizadas.
La situación se agrava con las recientes declaraciones del propio Machado, quien, lejos de aclarar el vínculo, ofreció versiones contradictorias: “Él me dice que hace consultorías, le digo que podemos firmar una asesoría, eran más de 200.000 dólares, más cuotas… No sé si era un millón, puede ser 500.000”.
Durante la campaña presidencial de 2019, Machado también habría prestado al menos 36 vuelos en avión privado y una camioneta blindada al entorno de Espert, lo que refuerza la sospecha de un vínculo mucho más estrecho que el que el diputado reconoce públicamente.
El contrato fue hallado roto en varias partes y tuvo que ser reconstruido por una investigación periodística, que permitió confirmar tanto la magnitud del acuerdo como los plazos de ejecución previstos: un año, prorrogable por acuerdo mutuo.
La revelación de este documento no solo expone una posible inconsistencia en las declaraciones de Espert, sino que además reaviva el debate sobre el financiamiento de campañas políticas y la transparencia en el vínculo entre dirigentes y empresarios involucrados en causas judiciales graves.
