La Justicia ordenó 15 nuevos allanamientos en el marco de la investigación por un supuesto esquema de cobro de sobornos a través de contrataciones de irregulares a través de la ANDIS. Además, en Diputados se aprobó la interpelación a Karina Milei y al Ministro de Salud Mario Lugones para que brinden explicaciones.
Los mismos son en la CABA y en la Provincia en el marco de la investigación por un supuesto esquema de recaudación ilegal en la agencia de la que fue desplazado Diego Spagnuolo y en la que está directamente vinculada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor más cercano, Eduardo “Lule” Menem.
Los operativos, que fueron ordenados en las últimas horas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, se llevaron a cabo en nueve puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en seis localidades de la provincia de Buenos Aires, en la búsqueda de teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada a las supuestas maniobras de corrupción.
Dicha medida, se produjeron al día siguiente de que la Cámara de Diputados aprobara la interpelación de Karina Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, para que den explicaciones sobre los audios del ex titular de la ANDIS, quien hablaba en una serie de audios de presuntas coimas a laboratorios que proveían medicamentos y dispositivos médicos al organismo.
De esta manera, tendrán que comparecer el miércoles 15 de octubre a las 14 horas. Mientras tanto, la justicia investiga la existencia de un esquema de cobro de sobornos a través de contrataciones de irregulares y facturas que no pasaban por los registros oficiales del Ministerio de Salud.
Los investigadores sospechan que las compras se realizaban sin trazabilidad, fuera de los procedimientos administrativos, y con sobreprecios de hasta un 30%, una maniobra que habría beneficiado a intermediarios cercanos a la Secretaría General de la Presidencia.
Además, el ejecutivo confirmó que ya recibió parte de la documentación incautada por la Policía de la Ciudad durante el primer operativo judicial. Los informes incluyen facturas, órdenes de compra y registros de proveedores, entre ellos la droguería Suizo Argentina, perteneciente a la familia Kovalivker y apuntada como la principal beneficiaria en las contrataciones.
Cabe señalar que las medidas judiciales fueron realizadas sin detenciones, aunque el juez Casanello no descarta futuras imputaciones si los peritajes sobre los celulares de los involucrados confirman la existencia de comunicaciones entre los funcionarios y las empresas investigadas.
A su vez, la fiscalía solicitó un relevamiento de todas las operaciones realizadas entre 2023 y 2025 por la ANDIS con laboratorios y distribuidoras de medicamentos. Dicha tarea estará a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y del Banco Central, y deberán analizar los movimientos de fondos vinculados a esas operaciones.
Mientras tanto, este jueves la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mencionados por Diego Spagnuolo.
