El allanamiento a la casa del diputado nacional, en uso de licencia, José Luis Espert, en San Isidro, finalizó luego de más de 5 horas de operativo. Los agentes judiciales se retiraron con cajas y carpetas que contenían documentación y distintos elementos electrónicos que serán analizados.
Cabe mencionar que la requisa se da en el marco de la causa que investiga la transferencia de 200 mil dólares por parte del empresario “Fred” Machado, quien espera la extradición a Estados Unidos donde será juzgado por narcotráfico.
El abogado defensor de Espert, Alejandro Freeland, aseguró que los funcionarios “se llevaron computadoras, celular y papeles” y que su cliente “entregó todo”, incluidas las claves de los dispositivos. El letrado debió reconocer ante la consulta de la prensa que, además, es representante de la droguería Suizo Argentina, investigada por presunto pago de coimas en la causa Andis.
En el inicio del procedimiento, Freeland denunció haber sido impedido de ingresar al domicilio. “Es un allanamiento. No sé qué buscan, no he visto la orden ni siquiera. Acá estoy presentándome en la casa de mi cliente allanado y tengo el derecho, como defensor, a estar presente. Lo sabemos todos desde el primer año de la facultad”, expresó ante los medios. Según explicó, permaneció durante varios minutos fuera de la propiedad sin autorización para ingresar, mientras aguardaba la decisión del magistrado.
El letrado indicó que en el lugar “había muchísima gente de la fiscalía, al menos cuatro personas” y sostuvo que recordó a los funcionarios su obligación de “controlar las garantías y el derecho de toda persona argentina a tener un defensor que lo asista”.
Sobre la situación del diputado, Freeland dijo que Espert “se encontraba tranquilo y colaborando con las autoridades”; al tiempo que agregó que le había instruido “facilitar todo de la manera más amable posible”.
Además, el abogado confirmó que solicitó la unificación del expediente con la causa que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, iniciada en 2021 por una denuncia del empresario Bastianes. “Pedimos una inhibitoria”, señaló, y explicó que “lo que hizo Grabois (Juan) fue presentar la misma denuncia en otra sede en San Martín”.
Freeland también indicó que no tuvo acceso al expediente. “No puedo ver la denuncia ni el requerimiento fiscal porque la causa está bajo secreto de sumario. Lo único que recibí fue una copia reenviada por WhatsApp”, afirmó.
En relación al documento hallado en la casa del empresario detenido por Interpol que daría cuenta sobre el contrato firmado entre las partes, el abogado sostuvo que “Machado pidió que lo investigaran” y que “necesitaba una causa penal en la Argentina para que el proceso de extradición a Estados Unidos no pudiera prosperar”.
