En medio del conflicto por la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, presentaron un amparo colectivo contra el Gobierno por la situación en el Hospital Garrahan. Desde la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación interpusieron esta medida tras la decisión del Ejecutivo de condicionar la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica N° 27.796.
El escrito, firmado por el apoderado Nicolás Sergio Sipioni, reclama la defensa del derecho a la salud de los menores que se atienden en el nosociomio.
La demanda fue presentada ante la justicia federal el 20 de octubre de 2025, fecha en la que el Ejecutivo dictó el Decreto N° 760/2025, que “condicionó arbitrariamente la promulgación e implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica al sujetar su efectiva ejecución a que el Congreso identifique las partidas que financiarían el incremento presupuestario”.
El conflicto central gira en torno a la interpretación del artículo 83 de la Constitución Nacional, que regula el procedimiento de sanción y promulgación de las leyes. El Congreso, tras sancionar la Ley N° 27.796 para paliar la crisis presupuestaria del Hospital Garrahan, vio cómo el Ejecutivo vetaba la norma alegando falta de financiamiento genuino y riesgo para el equilibrio fiscal.
Sin embargo, el Congreso insistió con la sanción de la ley, reuniendo las mayorías agravadas requeridas. Según la Defensoría, en ese punto el Ejecutivo quedó obligado a promulgar la ley sin condicionamientos, pero, en cambio, lo hizo supeditando su vigencia a que el Congreso identificara previamente las partidas presupuestarias para su financiamiento, lo que consideran un acto “arbitrario” y “manifiestamente inconstitucional”.
La presentación judicial solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto N° 760/2025, se ordene la reasignación inmediata de partidas presupuestarias al Ministerio de Salud para cumplir con la ley y se disponga la conformación urgente de la “Comisión de seguimiento y evaluación” prevista en el artículo 7 de la norma. Además, pide que estas órdenes se dicten bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas diarias a los funcionarios responsables en caso de incumplimiento.
El escrito de la Defensoría sostiene que “el PEN incurrió en un comportamiento arbitrario y la promulgó sujeta a condicionamientos previos que contradicen palmariamente los alcances del art. 83 de nuestra Constitución Nacional”.
Para los demandantes, la redacción del artículo constitucional es clara: una vez que el Congreso insiste con dos tercios de los votos, el Ejecutivo debe promulgar la ley sin más. “Si el PEN está obligado a promulgar una ley cuya sanción fue insistida por el Congreso, entonces corresponde inferir que está obligado a promulgarla sin condicionamiento alguno”, argumenta el escrito.
La Defensoría también refuta la posibilidad de que el Ejecutivo pueda supeditar la promulgación por cuestiones presupuestarias, señalando que la Ley de Emergencia Pediátrica, a diferencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, no faculta, sino que ordena al Ejecutivo reasignar partidas.
En cuanto a la admisibilidad del amparo, la Defensoría invoca la urgencia y la especial vulnerabilidad de los menores afectados, así como la ineficacia de agotar la vía administrativa ante la postura ya asumida por el Ejecutivo.
El colectivo representado abarca a todos los pacientes actuales y futuros inmediatos del Hospital Garrahan, que según datos oficiales atendió a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes solo en 2024. La Defensoría subraya que se trata de un grupo en doble situación de vulnerabilidad, por su edad y por las enfermedades que atraviesan, y que la afectación a sus derechos es homogénea y no admite soluciones individuales.
El escrito concluye con un petitorio que reclama la admisión del amparo colectivo, la declaración de inconstitucionalidad del decreto, la reasignación presupuestaria inmediata y la habilitación de la vía federal para recurrir ante la Corte Suprema.