En las elecciones legislativas del 26 de octubre, los argentinos eligieron 127 diputados y 24 senadores nacionales, renovando parte del Congreso. Las provincias que renovaron bancas en el Senado fueron Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires.
Por primera vez, el país votó con la Boleta Única de Papel (BUP), establecida por la Ley N.º 27.781, que busca mayor transparencia y equidad entre las fuerzas políticas.
El voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los jóvenes de 16 y 17, los mayores de 70 y los argentinos que viven en el exterior. En cambio, los extranjeros residentes no pueden votar en comicios nacionales.
La multa por no ir a votar en las elecciones a nivel país en 2025 varía entre $50 y $500, según lo establecido en el Artículo 125 del Código Electoral Nacional. Estos son los valores discriminados:
Primera infracción: $50.
Segunda infracción: $100.
Tercera infracción: $200.
Cuarta infracción: $400.
Quinta o más infracciones: $500.
Quienes no justifiquen su ausencia serán incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar. El trámite puede hacerse online dentro de los 60 días posteriores a la elección, con certificado médico, constancia policial o documentación laboral que respalde la ausencia.
Quienes hayan perdido o sufrido el robo del DNI también deberán justificar su inasistencia. Solo se puede votar con el documento físico que figura en el padrón; no se aceptan pasaportes, registros ni constancias de trámite.
Las personas procesadas con prisión preventiva conservan su derecho al voto y participan mediante la Boleta Única de Papel dentro de los establecimientos penitenciarios.
Para saber si una persona figura en el Registro de Infractores, se debe ingresar al portal correspondiente (infractores.padron.gob.ar) y completar el formulario con los datos personales.
Si el elector aparece en el registro, podrá abonar la multa a través de medios electrónicos autorizados.
Una vez acreditado el pago o la justificación, la autoridad judicial dará por regularizada la situación y eliminará al ciudadano del registro.