Durante la madrugada del 21 de octubre de 2024, las personas alojadas en la comisaría 2ª de Ensenada fueron víctimas de una brutal represión policial que se extendió por más de diez horas. Según la investigación judicial, los detenidos habían reclamado por las condiciones de alojamiento y en respuesta fueron torturados, golpeados, vejados y abusados sexualmente por efectivos de la Policía bonaerense.
A partir de las pruebas reunidas y las declaraciones de los imputados ya detenidos, el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi, ordenó la detención de cinco nuevos policías del Comando Patrulla de Ensenada: Héctor Acevedo, Juan Carlos Batista, Ricardo Cardozo, Gonzalo Sánchez y Facundo Carrasco Larrumbe, todos acusados de torturas y falsedad de documento público.
La medida fue solicitada por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N°3, y se suma a las detenciones de Oscar Castillo y Sergio Aguilar (agosto de 2024), y de Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos (marzo del mismo año). Con estos nuevos arrestos, ya son diez los policías imputados por los hechos.
Según consta en el expediente, aquella noche los agentes “aprovecharon la situación de vulnerabilidad en que se encontraban los detenidos, sobre los que tenían un poder asimétrico, e ingresaron al sector de los calabozos reprimiendo de forma excesiva y desproporcionada”. La represión incluyó disparos con postas de goma a quemarropa, gases lacrimógenos, golpes con tonfas y palos, y chorros de agua a alta presión en completa oscuridad.
Posteriormente, los efectivos confeccionaron actas falsas en las que intentaron justificar sus acciones, alegando que los detenidos tenían armas caseras y buscaban fugarse, además de inventar una supuesta pelea entre ellos.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, tras una inspección en la comisaría y entrevistas con las víctimas.
Desde la CPM destacaron que estos hechos no constituyen un episodio aislado, sino que forman parte de una trama estructural de violencia institucional en las comisarías bonaerenses, denunciada de manera reiterada por el organismo.
