El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes el lanzamiento de la licitación pública nacional e internacional para concesionar nuevos tramos de la Red Federal de Concesiones Viales. Se trata de una nueva etapa del plan con el que el Gobierno busca privatizar alrededor de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.
Según precisó Caputo, esta segunda etapa contempla unos 1.872 kilómetros que pasarán a ser gestionados por el sector privado. El primer bloque, denominado Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, abarca 1.325 kilómetros e incluye las rutas nacionales 3 (unos 615 km), 205 (254 km), 206, y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
El segundo bloque, llamado Tramo Pampa, comprende 547 kilómetros sobre la ruta nacional 5, en el trayecto que une Luján (Buenos Aires) con Santa Rosa (La Pampa).
“De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro. Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, expresó el ministro a través de su cuenta en la red social X.
El Gobierno ya había abierto el 8 de octubre pasado los sobres de la etapa 1 del plan, que contempla 741 kilómetros de concesión sobre las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria), atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Esa primera fase está conformada por los tramos Oriental —que abarca la autovía del Mercosur (rutas 12 y 14)— y Conexión, que incluye accesos y el puente Rosario-Victoria. Aunque inicialmente la convocatoria estaba prevista para diciembre del año pasado, la crisis económica postergó los plazos.
La Red Federal de Concesiones abarca en total unos 9.000 kilómetros, equivalentes al 20% de la red vial nacional, pero concentra el 80% del tránsito vehicular.
Mientras tanto, en distintos puntos del país, vecinos y transportistas vienen reclamando desde hace años por el mal estado de las rutas, deterioradas por la falta de inversión pública. Con este nuevo esquema, el Ejecutivo libertario busca trasladar la gestión y el mantenimiento de los principales corredores al sector privado, con la promesa de mejorar la infraestructura sin costo fiscal.