Denuncian otro bochazo masivo en la Facultad de Medicina de la UNLP y solicitan la revisión de los exámenes

Un nuevo bochazo masivo en la materia Salud Pública generó el repudio de los estudiantes de Medicina de la UNLP
Universidad 05/11/2025 . Hora: 16:46

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que un grupo de estudiantes denunciara un bochazo masivo en los exámenes finales de la materia Salud Pública, una de las asignaturas obligatorias de la carrera de Medicina.

De acuerdo con los datos difundidos por los propios alumnos, de los 380 estudiantes que se presentaron a rendir, 236 fueron desaprobados, lo que representa un 62,11% del total. Ante esta situación, expresaron su “profundo repudio y preocupación” por lo que consideran un criterio de evaluación arbitrario.

Según explicaron, no se trata de un caso aislado, mencionaron que en otras instancias evaluativas más del 82%, 71% y 50% de los alumnos también resultaron reprobados. “Son cifras alarmantes y fuera de cualquier parámetro razonable de evaluación”, señalaron.

Los estudiantes sostienen que los resultados “no reflejan el nivel de estudio ni el compromiso demostrado durante la cursada”, sino que responden a una lógica punitiva. Incluso, afirmaron que algunos docentes habrían reconocido que los exámenes se elaboran “con la intención de desaprobar”.

La situación se agravó, aseguraron, con la eliminación de una fecha de recuperatorio, que deja a cientos de estudiantes sin la posibilidad de rendir nuevamente en el corto plazo y los obliga a retrasar su trayectoria académica.

“Esto no puede naturalizarse en una universidad pública. No se está evaluando conocimiento sino resistencia. Un examen no puede convertirse en una herramienta de exclusión”, expresaron los alumnos, quienes iniciaron gestiones ante autoridades de la facultad, consejeros académicos y organismos universitarios para exigir una revisión de los exámenes y la restitución del recuperatorio.

Por último, plantearon que el caso abre un debate más amplio sobre los métodos de evaluación y el rol formativo de la universidad pública: “La exigencia académica no puede transformarse en un mecanismo de expulsión. La educación pública debe garantizar aprendizaje, no castigo”.