El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, criticó la decisión del Gobierno nacional de habilitar la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas. Según advirtió, la medida podría derivar en una “escalada armamentística” y aumentar los niveles de violencia en las calles.
Alonso señaló que la disposición firmada por el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich “pone en riesgo la seguridad pública” y que “un delincuente común podría tener más poder que un policía de calle”. En ese sentido, remarcó que la nueva normativa “modifica peligrosamente la relación de fuerzas entre el Estado y el delito”.
La habilitación fue oficializada mediante la Resolución 37/2025 del restaurado Registro Nacional de Armas (Renar), que reglamenta el decreto 397/2025. Con esta norma, se permite el acceso civil a fusiles y carabinas semiautomáticas derivadas de uso militar, armas que hasta ahora solo podían usar fuerzas especiales como el Grupo Halcón o el SWAT.
“Estamos hablando de armas con una capacidad de fuego que supera ampliamente la de una pistola policial”, alertó Alonso. Además, explicó que los legítimos usuarios con más de cinco años de antigüedad podrán adquirir estos fusiles bajo ciertos requisitos, pero advirtió que “una mínima modificación técnica puede convertirlas en automáticas, lo que multiplica el riesgo de daño”.
El ministro sostuvo que en la Argentina los delincuentes comunes no tienen acceso a ese tipo de armamento y que su circulación civil “puede alterar radicalmente la ecuación de poder en la calle”. También cuestionó que la medida carece de justificación, ya que “la Provincia registra los niveles más bajos de homicidios de su historia”.
En ese marco, Alonso defendió las políticas provinciales de control y decomiso de armas ilegales y consideró “absurdo” avanzar hacia una mayor liberalización. “Deberíamos estar implementando un plan de canje de armas, no habilitando fusiles en manos de civiles. La seguridad no se construye con más balas, sino con más control y planificación”, expresó.
Por último, el funcionario apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de coordinación y recursos. “La Nación le debe a Buenos Aires 10 mil millones de dólares, y en materia de seguridad nos quitaron 1.200 millones. Se lo dije en cada reunión con la ministra Bullrich”, afirmó, y concluyó que el desfinanciamiento afecta la operatividad de las fuerzas federales, “mientras las provincias deben hacerse cargo de más responsabilidades sin fondos suficientes”.
