El debate por los precios de los combustibles sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. La Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el dictamen de un proyecto impulsado por la legisladora del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, que propone obligar a las empresas petroleras a comunicar las subas de precios con al menos 72 horas de anticipación.
La iniciativa, que será tratada próximamente en el recinto, busca —según su autora— “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios de los combustibles líquidos”. El proyecto surge tras la decisión de YPF de dejar de informar públicamente los aumentos en las estaciones de servicio, una medida que generó críticas entre consumidores y legisladores.
De acuerdo con el texto presentado, las petroleras deberían avisar los incrementos tanto a la autoridad de aplicación como al público, mediante carteles visibles en los surtidores y publicaciones digitales con 48 horas de antelación. El incumplimiento de esta obligación podría derivar en sanciones de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper, equivalentes a entre 7 y 215 millones de pesos aproximadamente.
Si aumenta la luz… debe ser informado…
— Ayelen Rasquetti (@ayerasquetti) November 6, 2025
Si aumenta el gas, también …
Si aumenta el agua, hay que comunicarlo…
Si sube el bondi, se avisa…
Y LA NAFTA NO?? POR QUÉ??
QUÉ HAY ATRÁS DE ESOS AUMENTOS QUE NO QUIEREN QUE SEPAMOS?https://t.co/yRj4SBFzMr
La propuesta fue rechazada por las cámaras empresarias del sector, que advirtieron sobre posibles consecuencias negativas. Desde la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA) señalaron que anticipar los aumentos podría generar un “efecto de sobredemanda” previo a cada suba, lo que “llevaría inexorablemente al desabastecimiento, como ocurrió en 2023 ante récords de venta previos a los incrementos”.
Además, el gerente general de la entidad, Fernando Rolando, remarcó que la obligación de comunicar precios futuros “provocaría confusión entre clientes y empleados”, ya que las normativas actuales exigen mantener visibles los valores vigentes. También recordó que algunas empresas aplican ajustes variables durante el día, una práctica que se vería limitada por la medida.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) también se pronunció en contra del proyecto. En una carta firmada por Mariano Mayo y Alejandro Gentile, la entidad sostuvo que la publicación anticipada de precios podría “incentivar comportamientos similares entre compañías y reducir la competencia”, afectando indirectamente a los consumidores.
Para la UIPBA, los usuarios ya disponen de canales de información claros, como los carteles visibles en las estaciones de servicio, por lo que la ley “no aportaría beneficios reales en materia de transparencia”.
