El Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar un decreto que regulaba desde 1993 el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país. Y esa decisión, podría impactar en el ciclo 2026.
A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que tenía como objetivo establecer una serie de pautas para las escuelas privadas.
La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires es el Gobierno bonaerense el encargado de avalar los aumentos, por lo que se espera que no se sume a la desregulación libertaria.
Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El texto argumenta que el régimen vigente respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados.
El decreto advierte además que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector. En particular, sostiene que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, lo que les impide ajustar sus precios de acuerdo con los costos operativos reales.
El Gobierno también enfatizó que los establecimientos privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad. Según la visión oficial, la rigidez de los controles podría incluso “afectar la calidad educativa”, al impedir que los colegios respondan con agilidad a los incrementos de costos de insumos y salarios.
