Luego de que el gobierno de Javier Milei modificara el decreto que habilita a las empresas prestadoras del servicio de agua potable a interrumpir totalmente el suministro ante la falta de pago, la Defensoría del Pueblo bonaerense considero que la medida es “inconstitucional e irrazonable”.
El pedido del organismo que encabeza Guido Lorenzino se expresó tras la publicación del DNU que introduce cambios sustanciales en la regulación del servicio que brinda AySA, en el marco del interés de la gestión nacional por avanzar hacia la privatización de la empresa estatal.
Entre los puntos centrales del decreto, se contempla la posibilidad de realizar cortes totales del servicio luego de 60 días de atraso desde el segundo vencimiento, cuando hasta ahora solo se permitía aplicar restricciones parciales para usuarios morosos.
?Rechazamos el DNU del gobierno nacional con el que habilitó a AySA a cortar el suministro del agua por falta de pago.
— Defensoría del Pueblo PBA (@defensoriaPBA) November 14, 2025
??“Es una decisión inconstitucional e irrazonable", dijo @GLorenzino.
?Mirá más acá de que se trata: https://t.co/uG9FBspo6H pic.twitter.com/ropnrY2oa5
“Estamos ante una decisión inconstitucional e irrazonable, ya que existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial. De aplicarse, afectaría profundamente los derechos humanos de las y los habitantes de la Provincia”, afirmó Lorenzino.
En paralelo, la Defensoría recomendó al Ministerio de Economía nacional, al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y a AySA que se abstengan de aplicar cortes totales hasta que se revise la normativa.
El organismo remarcó que el acceso al agua potable y a las cloacas es un derecho humano esencial y que modificaciones de esta magnitud no deben hacerse mediante DNU, sino a través de una ley debatida en el Congreso. Además, sostuvo que tanto el Estado como las empresas públicas o privadas deben garantizar siempre un mínimo de prestación del servicio, incluso frente a la falta de pago.
