Un escándalo sexual sacude por estos momentos la Legislatura bonaerense. Hay dos empleados detenidos, acusados de manejar una presunta organización de características sectarias denominada “Orden de la Luz”, que se extendió durante casi una década para captar, someter y controlar a las víctimas. La “orden” usaba espacios políticos, vínculos laborales y promesas de crecimiento dentro de la militancia como mecanismo de acercamiento.
La causa está en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata. Las detenciones de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 4, al considerar acreditada la reiteración de los hechos, la pluralidad de víctimas y el riesgo procesal de los imputados.
"La orden de la luz": detienen a dos empleados de la Legislatura acusados de abusos sexuales en el interior del Palacio
Primeras denuncias
Según citan medios platenses, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos, bajo la promesa de una pasantía en la Legislatura bonaerense. Ese encuentro, que tuvo lugar en un domicilio particular, habría derivado en un abuso sexual. Un año más tarde, en 2016, otra joven de la misma edad denunció haber sido citada por Rodríguez a un departamento en La Plata, donde fue abusada bajo amenazas con armas blancas.
Pero es a partir de ese período cuando, según la investigación, comienzan a aparecer los primeros indicios de una estructura de dominación que excedía el vínculo individual. Entre 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto reiterados y sistemáticos, con la participación necesaria de Silva Muñoz, señalada como pieza clave en la captación y sometimiento psicológico de las víctimas.
La lógica de la “Orden de la Luz”
Durante 2017, el expediente incorpora la conformación de una presunta organización denominada “Orden de la Luz”, que funcionaba con una lógica cerrada, jerárquica y coercitiva. De acuerdo con los testimonios, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos divinos o sobrenaturales, bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz cumplía el rol de guía espiritual o “sensei”.
En ese marco, las víctimas relataron haber sido sometidas a rituales, entrenamientos, controles permanentes y amenazas, además de recibir mensajes intimidatorios a través de correos electrónicos y otras vías digitales. Las comunicaciones internas del grupo utilizaban un lenguaje codificado, con claves y referencias que, según fuentes judiciales, evidencian una organización planificada y no hechos aislados.
La fiscalía sostiene que la Orden de la Luz no solo operaba como justificación simbólica de los abusos, sino como una herramienta concreta para anular la voluntad, generar dependencia emocional y sostener relaciones de sometimiento prolongadas en el tiempo.
Militancia, Estado y captación
Otro de los ejes centrales de la investigación es el uso de espacios políticos, vínculos laborales y promesas de crecimiento dentro de la militancia como mecanismo de acercamiento a las víctimas. Según la hipótesis fiscal, las jóvenes eran captadas a través de tareas militantes, con promesas de contención, formación política y oportunidades laborales dentro del Estado.
En algunos casos, esas promesas se materializaban en puestos dentro del Senado bonaerense u otras reparticiones públicas, pero con una contracara: la exigencia de entregar parte del salario bajo el argumento de “sostener la militancia”.
Parte de los abusos, incluso, habrían ocurrido dentro del propio edificio del Senado.
A partir de 2018, la investigación describe una profundización del control: prácticas coercitivas, episodios de violencia física y la continuidad de los abusos sexuales, algunos de los cuales se habrían extendido hasta 2022 y 2023. Recién en ese tramo final, varias víctimas lograron romper el cerco de intimidación y avanzar con las denuncias formales.
Avance de la causa
Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el 29 de diciembre por la noche. Ambos se negaron a declarar ante la Justicia, haciendo uso de su derecho constitucional, y la defensa solicitó su traslado a una alcaldía departamental. En paralelo, se ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, armas blancas y soportes digitales, considerados clave para la investigación.
El expediente reúne hasta el momento al menos cinco víctimas, aunque no todas continuaron con el proceso judicial por temor o por las complejas derivaciones del caso. Sus identidades se mantienen bajo estricta reserva.
Para la fiscalía, los elementos reunidos permiten sostener que no se trata de episodios aislados, sino de una trama sostenida en el tiempo, con roles diferenciados, utilización de estructuras estatales y una lógica de sometimiento propia de una organización sectaria.
