Crecen las tensiones en el servicio de recolección de residuos en La Plata: cientos de trabajadores de Esur se declararon en estado de alerta y movilización y, en un masivo acto, advirtieron que están en riesgo 150 puestos de trabajo.
En ese contexto, Pablo Moyano, del Sindicato de Camioneros, lanzó una advertencia contundente y no descartó la convocatoria a un paro. Si el conflicto escala, la ciudad podría quedar sin servicio de recolección de residuos.
Hace más de 20 años, Esur es la única empresa encargada de la recolección de residuos en la ciudad —en algunas gestiones compartió esa tarea con cooperativas— y, en más de una oportunidad, desde el peronismo han cuestionado su eficacia.
La concesión del servicio de recolección de residuos en La Plata, en manos de Esur, es uno de los ejes más sensibles de la gestión municipal. El contrato vigente fue adjudicado en 2018 por un período de ocho años, con posibilidad de prórroga, lo que podría extenderlo hasta cerca de 2030. Sin embargo, más allá de los plazos formales, la empresa mantiene el control del servicio desde hace más de dos décadas, en un esquema de continuidad que atraviesa distintos gobiernos.
Se trata, además, de uno de los contratos más costosos del municipio, ya que en algunos períodos llegó a representar entre el 20% y el 25% del presupuesto local. Esta combinación de alto costo y cuestionamientos recurrentes por la calidad del servicio alimenta las críticas políticas, que apuntan tanto a la falta de controles como a la ausencia de competencia real en las licitaciones.
En ese marco, la concesión de Esur suele quedar en el centro del debate público, no solo por el funcionamiento del servicio, sino también por lo que distintos sectores definen como un modelo de gestión sostenido en el tiempo sin cambios de fondo.