El juez Ariel Lijo, quien fue postulado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema, quedará a cargo de las tres denuncias presentadas por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y diputados de La Libertad Avanza. La investigación busca determinar si en el otorgamiento de esos préstamos se cometieron delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público o tráfico de influencias.
Las presentaciones judiciales apuntan a posibles irregularidades en los créditos, que en algunos casos alcanzaron hasta los 315.000 dólares, y ponen el foco en si existieron condiciones preferenciales o excepciones respecto de los requisitos habituales. En total, los préstamos bajo análisis suman cerca de 2.500 millones de pesos.
El expediente quedará radicado en el juzgado de Lijo por conexidad, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Entre los puntos clave que se investigarán figuran la posible desproporción entre los ingresos declarados por los beneficiarios y los montos otorgados, así como eventuales beneficios derivados de sus cargos o vínculos políticos.
Por su parte, desde el Banco Nación aseguraron que el proceso de otorgamiento fue “homogéneo, sin excepciones” y remarcaron que la entidad concentra la mayor parte de los créditos hipotecarios del país. Además, señalaron que existen líneas específicas para empleados públicos que contemplan mayores niveles de financiamiento.
