El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.
Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.
Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina. El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter "funcional, limitado, temporal y revocable".
La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señala que la medida "no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados".
Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales "en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación".
Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad. En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el "respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero".
Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos. En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el "decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate".
La disputa por Aubasa
La provincia de Buenos Aires quedó afuera del esquema y denunció que el Gobierno nacional excluyó a su empresa estatal Aubasa de la licitación del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur, que incluye la RN 3, RN 205, RN 226, Autopista Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas.
Nación argumentó que Aubasa “únicamente respaldó tareas de operación, pero no incluyó pruebas de ejecución material de obras viales con recursos y personal propio”. La consideró un “incumplimiento sustancial” y la desestimó junto a otras 3 ofertas de 10 presentadas.
El ministro Gabriel Katopodis denunció “irregularidades” y “arbitrariedad”. Aseguró que “a pocos días del cierre de ofertas, se modificaron 33 artículos del pliego licitatorio”. La Provincia pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo como veedora y formalizó una impugnación administrativa.
“Si Aubasa quedara afuera, no sería una decisión técnica sino política”, advirtieron desde Buenos Aires. Katopodis sugirió que “lo oscuro de esta licitación se vincula a una intencionalidad de hacer algún negociado”.
