El Gobierno nacional oficializó el Decreto 315/2026, mediante el cual reglamenta el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los capítulos centrales de la reforma laboral. La norma, publicada en el Boletín Oficial, define los lineamientos operativos para promover la registración de trabajadores mediante beneficios fiscales dirigidos a empleadores del sector privado.
El decreto establece una reducción de contribuciones patronales por un período de hasta 48 meses para las nuevas relaciones laborales que se encuadren dentro del régimen. El beneficio se aplica de manera escalonada y alcanza exclusivamente a vínculos laborales iniciados dentro de una ventana temporal determinada.
Según lo dispuesto, podrán acceder al régimen las contrataciones realizadas entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, siempre que se trate de trabajadores que cumplan con determinadas condiciones previas. Entre ellas, se incluyen personas no registradas al 10 de diciembre de 2025, desocupados recientes, monotributistas o trabajadores provenientes del sector público.
La adhesión al esquema no es automática: los empleadores deberán inscribirse formalmente para acceder a los beneficios. A su vez, el decreto aclara que se mantienen ciertas obligaciones contributivas específicas, por lo que la reducción no implica una exención total de cargas.
En cuanto a la aplicación y control, la norma asigna la fiscalización al organismo recaudador, que será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y permanencia en el régimen.
El RIFL se presenta como una herramienta orientada a incentivar la registración laboral mediante la reducción del costo inicial de contratación, en línea con los ejes planteados en la reforma laboral. Su implementación queda limitada a nuevas relaciones laborales y no contempla efectos retroactivos para situaciones preexistentes.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo avanza en la puesta en marcha de uno de los instrumentos previstos para abordar la informalidad laboral, a partir de un esquema de incentivos fiscales con alcance temporal y condiciones específicas de acceso.
