Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo con más de 850.000 firmas contra la reforma de la Ley de Glaciares para denunciar su inconstitucionalidad y solicitar una medida cautelar que proteja las reservas de agua dulce del país. Es la demanda colectiva más grande de la historia por el agua.
La presentación exige declarar inconstitucional la ley 27.804, que reformó y debilitó la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
“Nosotros venimos siguiendo el proceso de la Ley de Glaciares desde su sanción original en 2010 junto a organizaciones territoriales y socioambientales de todo el país. Mientras se tramitaba la reforma ya anticipamos que si se aprobaba la íbamos a judicializar por ser manifiestamente inconstitucional”, explicó a diario Hoy el abogado ambientalista Enrique Viale.
El amparo solicita suspender la aplicación de la norma en todo el país, mantener vigente la Ley 26.639 y frenar cualquier autorización o proyecto minero en zonas protegidas por el Inventario Nacional de Glaciares.
“La gran minería que está detrás de esto es inherentemente destructiva. Para sacar los minerales que están abajo tienen que destruir el glaciar. Necesitan remover millones de toneladas de roca y usar una sopa química con cianuro, mercurio y otros metales pesados. Y para eso requieren mucha agua y mucha energía”, detalló Viale.
El abogado advirtió que existen seis proyectos mineros proyectados sobre zonas que estaban prohibidas por la ley anterior, donde nacen los ríos del país. Mencionó el Proyecto Vicuña en San Juan de BHP, Veladero de Barrick Gold, Los Azules y otros en Mendoza y San Juan. “Esta es una ley hecha a medida de seis grandes emprendimientos mineros”, afirmó.
Viale alertó que la reforma “entrega donde nacen los ríos de nuestro país y donde se abastecen siete millones de personas de forma directa. El 70% de nuestro territorio es atravesado por ríos que nacen en estos lugares”. Y concluyó: “Una vez destruido un glaciar es para siempre. Sin agua no hay nada”.
