El Gobierno nacional presentó un informe que expone un esquema de sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad durante 2025. El relevamiento, elaborado por el Ministerio de Salud, describe diferencias exorbitantes entre lo que el Estado pagó por insumos ortopédicos y los valores de referencia del mercado.
El documento analiza facturas de andadores, sillas de ruedas, prótesis y otros dispositivos médicos. En varios casos los incrementos superan el 1000%. El ejemplo más extremo es un andador adquirido con un sobreprecio del 4239% respecto de su costo estimado. También se registraron diferencias cercanas al 2000% en sillas de ruedas.
Las irregularidades no se limitan a los precios. El informe advierte sobre vínculos societarios y familiares entre proveedores, lo que habría afectado la competencia y favorecido contrataciones direccionadas. Se identificaron seis empresas que concentraron pagos por más de $18.100 millones, entre ellas Farma Salud, que recibió cerca de $7.900 millones.
Facturas y proveedores bajo la lupa
La investigación incluye 37 comprobantes emitidos en pocos meses. Se detectaron facturaciones de $19 millones por sillas de ruedas cuyo precio de referencia rondaba $1,27 millones. También se cuestiona la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter, por el que Andis pagó $425 millones, mientras que el PAMI abonó $124 millones por el mismo insumo semanas antes.
La causa judicial
El fiscal Guillermo Picardi sostiene que el mecanismo de compras habría sido manipulado para restringir la competencia y favorecer a determinados proveedores. La causa ya citó a indagatoria a 49 personas, entre funcionarios, empresarios y operadores vinculados. Entre los imputados figura el exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, aunque su defensa niega participación.
El expediente continúa en etapa de instrucción y se esperan nuevos peritajes, incluyendo el análisis de audios que podrían aportar pruebas sobre la coordinación de las maniobras. Desde el Gobierno remarcan que se trata de hallazgos preliminares, pero aseguran que el caso representa uno de los mayores escándalos de compras públicas en el área de salud.