Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quedó bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero a raíz de una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano.
La causa, a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y radicada en el Juzgado Federal N.º 6, apunta a determinar si existió un incremento patrimonial injustificado. Se detectaron diferencias entre los ingresos declarados por el funcionario y la evolución de sus bienes, entre ellos la cancelación anticipada de un crédito hipotecario millonario y la adquisición de una camioneta Jeep Renegade.
La defensa del legislador quedó en manos del abogado platense Marcelo Peña, quien cuestionó el alcance de la denuncia y sostuvo que la investigación está en etapa preliminar de recolección y análisis de información patrimonial y financiera.
“Gran parte de los datos observados ya comenzaron a ser aclarados y complementados con las rectificaciones correspondientes”, explicó Peña. Para el letrado, la presentación judicial no contiene una acusación sólida sino “una hipótesis exploratoria para habilitar medidas de investigación”.
Peña remarcó que “una inconsistencia administrativa o contable no equivale automáticamente a enriquecimiento ilícito” y que para configurar ese delito “debe acreditarse un incremento patrimonial sin causa lícita justificable”. Aseguró que la defensa ya aportó documentación para respaldar el origen de los fondos cuestionados.
“Actualmente no existe imputación firme ni prueba concluyente que permita atribuir responsabilidad penal”, sostuvo. Y calificó el dictamen fiscal como “una batería de medidas de trazabilidad financiera y patrimonial”, habituales en este tipo de investigaciones preliminares.
Desde el entorno del legislador aseguran que parte de las diferencias patrimoniales responderían a errores administrativos y criterios de valuación en las declaraciones juradas, cuestiones que ya comenzaron a subsanarse.
Mientras tanto, la fiscalía avanzó con pedidos de informes a más de treinta organismos públicos y privados. También solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente libertario para reconstruir movimientos económicos, compras de bienes y operaciones financieras vinculadas a sus funciones públicas.
