Vecinos de La Plata se manifestaron en el Parque Saavedra contra el cierre del espacio público y las obras anunciadas sin consulta. El concejal Nicolás Morzone participó como uno de los oradores.
“El Parque Saavedra es de los platenses, no de Alak”, expresó durante la protesta. Morzone cuestionó que hace casi un año la Municipalidad mantiene cerrado uno de los parques más importantes y queridos de la ciudad, con “un año entero de abandono, silencio y falta de explicaciones”.
“Y ahora, como si fuera poco, pretenden avanzar con modificaciones y ensanchamientos sin consultar a los vecinos, sin transparencia y de espaldas”, denunció.
El edil señaló que se reunieron con “muchísimos vecinos preocupados y cansados de un gobierno municipal que decide entre cuatro paredes mientras la ciudad se deteriora”.
“Exigimos explicaciones urgentes, apertura del diálogo con los vecinos y el fin de la improvisación permanente. Porque mientras el Municipio se encierra en decisiones inconsultas, los vecinos ven cómo se abandonan los parques, crece la inseguridad y desaparece la identidad de nuestra ciudad”, reclamó.
“La Plata no puede gobernarse ignorando a quienes viven, trabajan y disfrutan sus espacios públicos todos los días. El espacio público no es propiedad de Julio Alak ni de ningún funcionario de turno. Los parques son de los platenses”, cerró.
LA PROTESTA VECINAL
Vecinos del Parque Saavedra llevaron a cabo a una asamblea abierta este miércoles para juntar firmas en rechazo al proyecto de extensión del parque y a la eliminación de la doble mano en las calles que lo rodean.
La convocatoria fue bajo la consigna “Defendamos nuestro barrio, decidamos juntos” y apunta a frenar la obra que impulsa la Municipalidad de La Plata. El proyecto prevé ampliar el espacio verde del parque en dos hectáreas mediante el achicamiento de las calles laterales que lo circundan.
Según detalló la Comuna, la iniciativa surgió de la Secretaría de Planeamiento Urbano y extenderá el parque hasta las ramblas de las calles 12, 14, 64 y 68, sumando terreno al espacio actual. La obra, que ya fue aprobada, tiene un presupuesto de $3.100 millones y comenzaría en las próximas semanas para finalizar en noviembre.
El cambio más cuestionado es vial: las cuatro calles pasarán a tener un único sentido de circulación, avanzando sobre una de las manos hasta alcanzar las ramblas divisorias. Desde el municipio sostienen que los cambios no tendrán un impacto significativo en la circulación vehicular de la zona.
Los vecinos que impulsaron la protesta argumentaron que la medida afecta la movilidad y la seguridad del barrio y reclaman mayor participación vecinal en la definición del proyecto. “Por un barrio con movilidad, seguridad y participación vecinal”, dice el flyer de convocatoria.