El Gobierno nacional se prepara para enviar en las próximas horas una nueva tanda de proyectos al Congreso. Entre ellos hay uno para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos.
La norma, sancionada en 2021, obliga a las empresas a colocar octógonos negros en los envases para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. Fue fuertemente resistida por la industria alimenticia desde su aprobación, con el argumento de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas.
Fuentes oficialistas consultadas por Ámbito Financiero reconocen que el impulso del proyecto responde en buena medida a las presiones del sector. Más allá del impacto de los sellos y las restricciones publicitarias, el reclamo central es la falta de uniformidad en la región.
En Uruguay rigen octógonos pero con criterios distintos a los argentinos. En Chile se usa un sistema de semáforo, y en Brasil coinciden los sellos aunque con otros parámetros para su incorporación. Eso obliga a las alimenticias a diseñar un packaging distinto para cada país.
Una posibilidad sería que los países acuerden y homologuen el etiquetado. Por ahora no hay señales de que eso suceda y el gobierno de Milei no lo impulsará.