La tensión entre los choferes de aplicaciones y la Municipalidad de La Plata volvió a escalar este martes, aunque con una señal de acercamiento político. Un grupo de trabajadores de Uber y DiDi fue recibido por el secretario de General, Norberto “Chucho” Gómez, en el marco de un reclamo que apunta a frenar los operativos y avanzar en una regulación formal de la actividad.
El encuentro dejó como principal resultado la apertura de una mesa de diálogo entre el Municipio y los conductores, quienes vienen denunciando controles “abusivos y constantes” en distintos puntos de la ciudad.
Según pudo saber este medio, los choferes presentaron un petitorio con tres ejes concretos. El primero apunta a que se trate el proyecto de ordenanza para la “Regulación del Transporte de Pasajeros de Interés Público mediante el uso de Plataformas Digitales”, una discusión que desde hace meses divide aguas en el Concejo Deliberante platense.
Además, reclamaron la conformación de “una mesa de diálogo abierta y permanente” con las autoridades municipales para discutir la situación del sector y evitar nuevos conflictos.
El tercer punto estuvo vinculado directamente a los controles vehiculares. Allí exigieron “una solución urgente a los controles abusivos y constantes que solo castigan a los trabajadores, ni siquiera a las empresas responsables”.
En el documento presentado ante el Municipio, los choferes sostuvieron que “no se puede seguir considerando ilegal una actividad comercial y laboral que ha generado un ecosistema económico propio”. En esa línea, remarcaron que las plataformas ya representan “una de las principales fuerzas laborales del país”.
La problemática no es nueva en La Plata y ya había generado un fuerte debate político durante el último año. Uno de los principales impulsores de la regulación fue el concejal del PRO, Nicolás Morzone, quien presentó un proyecto para legalizar y regular el funcionamiento de Uber, DiDi y Cabify en la ciudad. Allí planteó que “no se puede negar una realidad que ya utilizan miles de platenses” y defendió la necesidad de construir un marco legal que otorgue garantías tanto a usuarios como a conductores.
Desde el oficialismo, el concejal Cristian Vander avanzó luego con otra iniciativa que tomó estado parlamentario y buscó establecer un esquema más regulado, con registro obligatorio de choferes, controles municipales y requisitos similares a los de taxis y remises. Vander sostuvo que el objetivo es “ordenar” una actividad que hoy funciona sin regulación específica y garantizar condiciones laborales y de seguridad.
El debate también generó resistencia en el sector de taxis tradicionales, que viene denunciando una “competencia desleal” y reclamando mayores controles sobre las aplicaciones. Sin embargo, la crisis económica y la caída de la recaudación provocaron un fenómeno cada vez más visible en la ciudad: muchos taxistas comenzaron también a trabajar con Uber y DiDi para sostener ingresos.
En paralelo, distintas asociaciones de conductores aseguran que más de 10 mil familias de la Región dependen hoy de las aplicaciones de transporte como fuente laboral y remarcan que el servicio se consolidó como una fuente de trabajo.
