La Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a tensar la relación con el Gobierno nacional al advertir sobre la posibilidad de una nueva medida de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones salariales. El gremio que conduce Roberto Fernández reclama la reapertura de paritarias y una recomposición de los ingresos de los choferes.
El conflicto tiene como eje la pérdida de poder adquisitivo que, según sostiene el sindicato, sufrieron los trabajadores desde que venció el último acuerdo salarial firmado a fines de enero. Desde entonces, no hubo nuevas convocatorias para discutir aumentos y la organización sindical comenzó a elevar el tono de sus reclamos.
"Los días pasan, la paz social peligra", advirtió la UTA en un comunicado que encendió las alarmas en el sector. El mensaje estuvo dirigido especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien el gremio le reclamó una intervención directa para destrabar la situación. El impacto alcanzaría a millones de pasajeros del AMBA y el interior.
La organización sindical cuestionó que otras actividades consideradas estratégicas reciban atención prioritaria mientras los choferes esperan. Bajo el título "Queremos el mismo trato de exportadoras, petroleras o mineras", planteó que el transporte también es esencial para el funcionamiento diario del país.
Desde la UTA señalaron que "los trabajadores del transporte queremos recomponer nuestros salarios, y por desgracia, no hay respuestas, solo dilaciones". Remarcaron que el reclamo salarial tiene vigencia desde mayo y que la ausencia de negociaciones agrava el malestar entre los conductores.
El último entendimiento contempló un incremento acumulado del 4%, en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. Con esas actualizaciones, el salario básico de los choferes alcanzó los $1.574.000 en abril. Pero en mayo no hubo nuevas mejoras.
Para el gremio, esa situación provocó un retraso de los ingresos frente a la inflación y dejó sin efecto gran parte de la recuperación obtenida en el primer trimestre. Las empresas discuten costos, subsidios y tarifas, mientras el Gobierno sostiene su política de equilibrio fiscal. Cualquier aumento implica una negociación a tres bandas.
Por ahora no hay fecha de paro, pero la UTA dejó el aviso sobre la mesa. Si no hay convocatoria, el servicio de colectivos en todo el país podría verse afectado. Millones de usuarios dependen de los choferes para ir a trabajar, estudiar o atenderse.
