La construcción busca reactivar el crédito hipotecario con un plan que no implique un mayor gasto del Estado. En un contexto en el que el Gobierno sostiene la política de “déficit cero” y repite que “no hay plata”, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) elaboró una propuesta para impulsar préstamos a 20 y 30 años mediante un esquema de financiamiento basado en el mercado de capitales.
El principal obstáculo que identifica el sector es el denominado “descalce de plazos”. Mientras los bancos captan depósitos de corto plazo, otorgar créditos hipotecarios a varias décadas genera un riesgo financiero que limita la expansión del sistema. Por eso, la entidad propone avanzar con un mecanismo de securitización de hipotecas.
Bajo este esquema, las entidades financieras seguirían otorgando los préstamos, evaluando el perfil de los clientes y cobrando las cuotas, pero luego agruparían esas hipotecas para convertirlas en títulos financieros que podrían ser adquiridos por grandes inversores institucionales, generando nuevos recursos para seguir prestando.
Uno de los principales motores de este plan sería el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. La propuesta plantea desprenderse de las acciones de empresas privadas que hoy integran su cartera y destinar esos recursos a un Fondo Fiduciario de Capitalización de Hipotecas, orientado exclusivamente al financiamiento de viviendas.
Desde Camarco sostienen que el marco legal ya existe. La Ley 24.241 permite que la ANSES invierta hasta el 25% de sus activos en títulos con garantía hipotecaria, siempre que cuenten con autorización de oferta pública de la Comisión Nacional de Valores. Según la entidad, solo falta una decisión política del Poder Ejecutivo para poner en marcha el mecanismo.
El segundo eje del proyecto apunta al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado a las contingencias por despido. La iniciativa propone mantener su función de protección para los trabajadores, pero permitir que parte de sus recursos excedentes se inviertan en hipotecas securitizadas, convirtiendo un fondo hoy pasivo en una nueva fuente de financiamiento para el mercado inmobiliario.
Para minimizar riesgos, el esquema prevé la creación de una reserva técnica líquida, cuentas individualizadas por empleador y una administración público-privada que garantice la trazabilidad de los aportes. Además, el FAL podría adquirir hasta el 80% de los instrumentos hipotecarios emitidos por los bancos, con un límite de tasación para evitar que los recursos financien viviendas de lujo.
Con esta arquitectura financiera, el sector de la construcción apuesta a movilizar el ahorro institucional para reactivar el crédito hipotecario y la obra privada sin afectar la meta oficial de déficit cero. La implementación del plan, sin embargo, dependerá de que la Casa Rosada decida avanzar con las modificaciones y autorizaciones necesarias para ponerlo en funcionamiento.
