El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a partir del 21 de septiembre próximo. La implementación en Córdoba fue postergada hasta el 8 de marzo de 2027, según establece la Resolución 275/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La reforma introduce el sistema acusatorio. Un modelo que otorga a los fiscales la conducción de las investigaciones penales y reserva a los jueces el control de legalidad del proceso. Además busca acelerar los tiempos judiciales mediante audiencias orales, mayor digitalización y una separación más clara de funciones entre las partes.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la decisión sobre La Plata se apoyó en los avances alcanzados en infraestructura, incorporación de tecnología y capacitación de operadores judiciales. Entre las herramientas incorporadas figuran sistemas UFED para el análisis de evidencia digital y nuevas salas de audiencias equipadas con recursos audiovisuales y conectividad.
La jurisdicción platense abarca una extensa región de la provincia de Buenos Aires. Incluye zonas estratégicas como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud. La entrada en vigencia había sido prevista inicialmente para mayo y luego para noviembre de este año, hasta que finalmente se fijó para septiembre.
En Córdoba, en cambio, la implementación sufrió una nueva demora. El cambio estaba previsto para junio de 2026, pero fue reprogramado para marzo del año próximo. Entre los factores que explican la postergación aparecen las vacantes existentes en distintos tribunales federales y la situación institucional que atraviesa actualmente la Cámara Federal cordobesa.
Desde el Ministerio de Justicia sostienen que el nuevo sistema ya muestra resultados positivos en las jurisdicciones donde fue aplicado. De acuerdo con datos oficiales, la tasa de resolución de casos pasó del 43% al 82%. El salto fue impulsado por un esquema basado en oralidad, celeridad procesal y una mayor participación de las víctimas en las investigaciones y audiencias.
