La semana dejó dos noticias judiciales que reabrieron viejas heridas para el gobierno bonaerense. No involucran directamente a Axel Kicillof, pero sí a dos exfuncionarios que tuvieron lugares centrales en su gestión y que hoy vuelven a protagonizar escándalos vinculados a presuntos hechos de corrupción.
Por un lado, el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de videos donde se observan fajos de dólares ocultos en un vestidor que pertenecería a una propiedad que compartía con Jesica Cirio. El material fue incorporado a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se inició tras el escándalo del “Yategate” en Marbella. La Justicia ya ordenó medidas de prueba y analiza incorporar las imágenes al expediente.
Las imágenes volvieron a instalar una pregunta incómoda: cómo un dirigente que llegó a convertirse en uno de los hombres más poderosos del peronismo bonaerense pudo sostener un nivel de gastos y patrimonio tan alejado de los ingresos declarados como funcionario público. La causa sigue avanzando y los fiscales buscan determinar si existen bienes y fondos que nunca fueron declarados.
Por otro lado, el ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, recibió un golpe judicial aún más concreto: irá a juicio oral por presunto lavado de dinero en la compra de un Audi Q8 de alta gama.
La investigación sostiene que el vehículo habría sido adquirido con fondos de origen ilícito vinculados a maniobras investigadas alrededor del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). Junto a D’Onofrio también será juzgado Facundo Asensio, ex titular del área de fiscalización de la VTV. Para los investigadores, la titularidad formal del vehículo estaba a nombre de Asensio, pero quien realmente lo utilizaba y disponía de él era el ex ministro.
La situación es especialmente delicada porque los fondos utilizados para la compra del vehículo aparecen vinculados a una investigación más amplia por presunto fraude contra la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Para Kicillof el problema es político más que judicial. Ninguna de las causas lo señala ni lo involucra. Sin embargo, ambos dirigentes fueron parte de su gabinete y ocuparon cargos estratégicos durante su mandato.
Insaurralde fue durante años uno de los principales armadores del peronismo bonaerense y llegó a manejar la Jefatura de Gabinete provincial hasta su caída tras el escándalo de Marbella. D’Onofrio, en tanto, fue una de las figuras más visibles de la gestión en materia de transporte hasta que las denuncias sobre las VTV y las fotomultas comenzaron a erosionar su permanencia.
En momentos en que el gobernador busca construir volumen político nacional y proyectarse hacia la disputa presidencial de 2027, la reaparición simultánea de ambos expedientes le devuelve al escenario dos nombres que el oficialismo preferiría dejar definitivamente en el pasado.