Mientras el oficialismo y la oposición discuten candidaturas, internas y posicionamientos para 2027, miles de platenses tienen un problema mucho más urgente: conseguir GNC para trabajar, moverse o simplemente llegar a fin de mes.
La situación se agravó durante los últimos días. Cada vez son más las estaciones de servicio de La Plata, Berisso y Ensenada que suspenden o restringen la venta de GNC por decisión de Camuzzi, en medio de la ola polar y el aumento de la demanda domiciliaria. Algunas permanecen cerradas durante horas, otras funcionan con cupos limitados y en las pocas que siguen operando se observan largas filas de vehículos que buscan cargar combustible.
La explicación técnica existe: Camuzzi decidió restringir el suministro a estaciones con contratos interrumpibles para priorizar el abastecimiento residencial. Pero la pregunta política sigue sin respuesta: ¿quién está defendiendo a los usuarios afectados?
Taxistas, remiseros, trabajadores de aplicaciones, fleteros y miles de vecinos que eligieron el GNC para reducir costos hoy están atrapados entre colas interminables, surtidores cerrados y una incertidumbre que no tiene fecha de finalización. Incluso algunos medios locales ya advirtieron que la normalización del servicio sigue sin horizonte claro.
Lo llamativo es el silencio político. No hay comunicados, pedidos de informes ni gestiones públicas visibles de dirigentes locales de peso para exigir explicaciones o una solución a corto plazo.
En el pasado hubo antecedentes. El diputado provincial Ariel Archanco fue uno de los pocos dirigentes que enfrentó públicamente a Camuzzi cuando reclamó la reapertura de la oficina comercial de la empresa en La Plata y posteriormente impulsó acciones judiciales para recuperar la atención presencial a los usuarios.
También hubo propuestas vinculadas al sector del transporte para priorizar la carga de taxistas y remiseros cuando se producen restricciones. El ex concejal Cristian Vander había logrado esa solución el año pasado. Sin embargo, frente a la crisis actual, el escenario aparece desierto.
El problema además expone una contradicción difícil de explicar para los usuarios. Mientras Camuzzi aplica aumentos en las tarifas del servicio, miles de platenses observan cómo la empresa restringe el acceso al combustible que utilizan diariamente para trabajar.
La Plata necesita menos discusiones electorales, más legislación y más gestión. Oficialismo y oposición deberían encontrar un punto de acuerdo para exigir respuestas concretas a Camuzzi y a los organismos competentes. Porque detrás de cada surtidor apagado no hay una estadística: hay trabajadores perdiendo ingresos, familias haciendo cuentas y una ciudad que vuelve a quedar rehén de un problema que nadie parece dispuesto a encarar.
Y cuando la política no habla de los problemas reales, el silencio también se transforma en parte del problema.
