Durante buena parte de su gestión, Axel Kicillof logró construir una agenda política apoyada en la confrontación con Javier Milei, la defensa de la provincia de Buenos Aires frente al ajuste nacional y una intensa actividad de gestión. Pero junio cambió ese escenario. Por primera vez en mucho tiempo, el gobernador dejó de marcar el ritmo de la discusión pública y comenzó a correr detrás de una sucesión de conflictos que fueron ocupando la agenda uno tras otro.
No se trata de un solo problema. El dato político del mes es otro: comenzaron a confluir crisis de naturaleza muy distinta, pero todas con impacto directo sobre la administración bonaerense. La interna con La Cámpora volvió a explotar, los gremios estatales rompieron la paz que caracterizó buena parte de la gestión, el IOMA profundizó una crisis que ya no puede ocultarse, las dificultades financieras empezaron a sentirse en distintas áreas del Estado, el conflicto del GNC golpeó a la capital provincial y dos exministros del gabinete regresaron al centro de la escena judicial.
El primer frente atraviesa al propio oficialismo. La discusión dentro del peronismo dejó de ser silenciosa para convertirse en una disputa abierta por el liderazgo político del espacio. Detrás de las candidaturas legislativas ya se juega otra batalla: quién conducirá al peronismo en la etapa que viene y quién llegará mejor posicionado a la carrera presidencial de 2027.
En ese contexto, Máximo Kirchner envió un mensaje con destinatario claro durante el banderazo en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. “Queremos tener una candidata, no candidatos por default”, afirmó. La frase fue interpretada como un cuestionamiento al armado político que impulsa a Kicillof como uno de los principales referentes del peronismo para los próximos años.
La respuesta llegó desde la Gobernación. Carlos Bianco, ministro de Gobierno y principal estratega político del gobernador, salió a defender la realización de elecciones internas y reclamó que las candidaturas se definan mediante las PASO. “La gente tiene que elegir”, sostuvo. Más que una discusión sobre el mecanismo electoral, fue una respuesta directa al kirchnerismo duro y una nueva señal de que la convivencia entre ambos sectores atraviesa su momento de mayor tensión desde que Kicillof asumió.
La pelea interna tuvo una nueva demostración pocos días después en el Senado bonaerense. La primera sesión del año, tras casi cuatro meses de parálisis legislativa, terminó convertida en una exhibición de las diferencias del oficialismo. Sergio Berni protagonizó un duro enfrentamiento con la vicegobernadora Verónica Magario e incluso impulsó una moción en su contra. Más tarde volvió a cruzarse con ella para defender la intervención de Mario Ishii, quien terminó lanzando una de las frases políticas del mes: “Le pido al Gobernador que camine”, al advertir sobre el hambre, el colapso hospitalario y la realidad social que atraviesa el conurbano.
Pero si la interna pone en discusión el liderazgo político de Kicillof, el conflicto con estatales y docentes golpea directamente sobre uno de los pilares históricos del peronismo bonaerense. La última reunión paritaria terminó sin una oferta salarial. El Gobierno explicó que debía priorizar el pago del aguinaldo, pero la decisión abrió un frente inesperado con sindicatos que hasta ahora habían mantenido una relación de diálogo con la administración provincial.
ATE, los gremios docentes y el resto de las organizaciones estatales reclamaron la reapertura urgente de las negociaciones y advirtieron que los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo. En el sistema educativo, además, comenzaron a multiplicarse las advertencias sobre la dificultad para cubrir cargos docentes, una señal que refleja el deterioro de las condiciones laborales. Por primera vez en mucho tiempo, el gobernador quedó obligado a administrar un conflicto con sectores que forman parte de su base política y electoral.
Ese malestar encuentra además otro punto de contacto con uno de los mayores dolores de cabeza de la gestión: IOMA.
La obra social de más de dos millones de afiliados dejó de ser un problema administrativo para transformarse en un problema político. No sólo por la cantidad de conflictos acumulados, sino porque sus principales afiliados son justamente los trabajadores estatales y docentes que hoy también reclaman una recomposición salarial. Es decir, el Gobierno enfrenta dos conflictos distintos que impactan sobre el mismo universo de bonaerenses.
Durante junio, IOMA acumuló enfrentamientos con casi todos los sectores del sistema sanitario. La Agremiación Médica Platense intimó judicialmente a su presidente, Homero Giles, luego de que calificara a la institución como “parasitaria”. También crecieron las denuncias de personas con discapacidad por el riesgo que enfrenta el Programa de Empleo Inclusivo y volvieron las críticas opositoras por el funcionamiento general de la obra social.
La polémica llegó incluso al Hospital Garrahan. Mientras IOMA aseguró haber cancelado la totalidad de la deuda que mantenía con el centro pediátrico, desde el propio hospital sostuvieron que todavía quedaba pendiente una parte importante de los pagos. La discusión coincidió con el conflicto nacional que atraviesa el Garrahan y dejó al Gobierno provincial en una situación incómoda. En las últimas horas se sumó además un nuevo reclamo de psicólogos por demoras en los pagos y condiciones de contratación. Médicos, psicólogos, personas con discapacidad y miles de afiliados protagonizaron reclamos durante el mismo mes, consolidando al IOMA como el punto más vulnerable de la administración bonaerense.
Pero detrás de buena parte de esos conflictos aparece un problema de fondo: la situación financiera de la Provincia.
Desde hace meses Kicillof sostiene que el gobierno de Javier Milei retiene fondos que le corresponden a Buenos Aires y convirtió ese reclamo en uno de los principales ejes de su discurso político. La disputa incluso llegó a la Corte Suprema y el gobernador insiste en que la asfixia financiera condiciona el funcionamiento del Estado provincial.
Sin embargo, durante junio comenzó a instalarse otra discusión. Ya no alcanza con explicar que la Nación no gira los recursos. Las dificultades para cerrar las paritarias, los retrasos en los pagos a proveedores, el freno que empiezan a mostrar distintas áreas de la administración y la acumulación de conflictos plantean un nuevo interrogante: cómo piensa la Provincia atravesar esta crisis financiera mientras la pelea con la Casa Rosada sigue abierta. Incluso dentro del oficialismo ya admiten que el margen económico es cada vez más estrecho.
En ese contexto también quedó expuesta la crisis del GNC en La Plata, Berisso y Ensenada. Las restricciones que ya llevan casi dos semanas afectaron a miles de taxistas, remiseros, fleteros y trabajadores que dependen del gas para desarrollar su actividad. Aunque el conflicto tiene origen en cuestiones energéticas y operativas, terminó impactando de lleno en la agenda política de la capital bonaerense y alimentó la sensación de un Estado que llega tarde a resolver los problemas cotidianos.
A la vez, comenzaron a multiplicarse las señales sobre un freno en distintas áreas de gestión por las demoras en los pagos a proveedores. Empresas que trabajan con la Provincia denuncian retrasos en los cobros y varios ministerios redujeron el ritmo de ejecución mientras esperan una mejora en la disponibilidad de recursos. Es un problema menos visible que otros, pero que explica parte de las dificultades que hoy enfrenta la administración provincial.
Como si la acumulación de conflictos no alcanzara, junio también devolvió al centro de la escena a dos exfuncionarios de máxima confianza del gobernador. Martín Insaurralde volvió a quedar bajo la lupa tras la difusión de nuevos videos relacionados con el escándalo de los dólares ocultos, mientras que Jorge D’Onofrio fue enviado a juicio oral por una causa por presunto lavado de dinero. Ninguna de esas investigaciones alcanza directamente a Kicillof, pero ambas vuelven a asociar a su gestión con dirigentes que ocuparon lugares centrales dentro del gabinete y reabren un debate que el Gobierno prefería dejar atrás.
Junio todavía no terminó, pero ya dejó una conclusión política evidente. La discusión pública en la provincia de Buenos Aires dejó de girar alrededor de los anuncios del gobernador para concentrarse en una sucesión de conflictos que atraviesan áreas sensibles de su administración. La interna con La Cámpora, el malestar de estatales y docentes, la crisis del IOMA, la falta de recursos, el conflicto del GNC, el freno de la gestión y el regreso de viejos escándalos judiciales conformaron un escenario que obligó a Kicillof a abandonar la iniciativa política.
Durante años, el gobernador encontró en la confrontación con el Gobierno nacional un eje ordenador de su discurso. Hoy ese argumento sigue vigente, pero ya no alcanza por sí solo para explicar una realidad provincial cada vez más compleja. La discusión ya no pasa únicamente por cuánto dinero le debe la Nación a Buenos Aires, sino también por cuál es el plan del Gobierno bonaerense para administrar la crisis mientras esos recursos no llegan. Ese, probablemente, sea el principal desafío político que enfrenta Axel Kicillof en el segundo semestre del año.
