La Corte Suprema de Justicia le propinó un nuevo revés judicial al Gobierno nacional al desestimar la queja presentada por el Poder Ejecutivo en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades contra el Estado por el Decreto 759/25.
En una resolución firmada este jueves, el máximo tribunal concluyó que el recurso extraordinario cuya denegación parcial dio origen a la queja no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, requisito indispensable para su tratamiento, según lo establece el artículo 14 de la Ley 48.
Además, la Corte rechazó el pedido de excusación formulado en el expediente y remitió a lo resuelto el pasado 4 de junio de 2026 en el incidente de recusación con causa vinculado al mismo proceso judicial.
La presentación había sido realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, por intermedio de la Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada en el expediente.
Como consecuencia de la decisión, el Tribunal también intimó al Estado nacional para que, en el ejercicio financiero correspondiente, efectúe el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo pago había sido diferido en virtud de la Acordada 47/91.
La causa se originó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y posteriormente fue revisada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La resolución no implica una definición sobre el fondo del conflicto por el Decreto 759/25, sino que se limita a rechazar la vía procesal utilizada por el Gobierno para llevar el caso ante la Corte.
