La tensión que se vivió este viernes frente al Palacio Municipal de La Plata terminó con un saldo de 11 personas detenidas, cinco efectivos policiales lesionados y serios daños en el edificio comunal, luego de una protesta protagonizada por organizaciones sociales.
De acuerdo con el parte policial, la manifestación fue encabezada por integrantes del MTE, el FOLP y la Cooperativa de Cartoneros, quienes se concentraron frente a la sede municipal ubicada en 12 entre 51 y 53 para reclamar distintas demandas.
En medio de la protesta, un grupo de manifestantes comenzó a arrojar objetos contundentes contra el edificio, provocando la rotura de vidrios e intentando ingresar por la fuerza al Palacio Municipal. Ante esa situación, el personal de la Comuna cerró los accesos mientras efectivos policiales montaron un cordón para impedir el ingreso.
Los enfrentamientos dejaron importantes daños materiales y cinco policías sufrieron lesiones de carácter leve, según informaron fuentes oficiales.
Antes de desconcentrarse, los manifestantes prendieron fuego neumáticos en el acceso principal de la Municipalidad, generando una escena de fuerte tensión en pleno centro platense y obligando a reforzar el operativo de seguridad.
Como resultado del procedimiento, la Policía detuvo a 11 personas, siete hombres y cuatro mujeres. Además, durante el operativo fueron secuestrados bombos y banderas que, según la investigación, fueron utilizados durante la manifestación.
La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, que ya fue notificada de lo ocurrido y avanza con las actuaciones para determinar las responsabilidades por los graves incidentes. No se descarta que en las próximas horas haya nuevas medidas judiciales.
El motivo de la protesta
La protesta se produjo mientras vencía el plazo para la compra de pliegos de la licitación pública, un procedimiento mediante el cual el Municipio busca adjudicar esos servicios a través de un concurso abierto y dejar atrás el sistema de contrataciones directas que se utilizaba desde 2011.
Desde la administración comunal explicaron que la decisión no responde a una elección política sino al cumplimiento de la normativa vigente. La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que las obras y los servicios públicos deben adjudicarse mediante licitación pública para garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y un adecuado control de los recursos públicos.
Además, señalaron que el Tribunal de Cuentas de la Provincia intimó a la Municipalidad a poner fin a las contrataciones directas de cooperativas, por lo que el nuevo esquema busca adecuar el funcionamiento del Estado local a las exigencias de los organismos de control.
De acuerdo con información conocida durante el proceso, el sistema vigente representaba un gasto cercano a los 6.000 millones de pesos anuales. Según estimaciones oficiales, la implementación de la licitación permitirá reducir significativamente ese costo y optimizar la utilización de los fondos públicos.
