El allanamiento realizado en una vivienda de San Carlos, donde la Policía secuestró 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones, sumó un nuevo capítulo luego de que la defensa del adolescente de 16 años investigado saliera públicamente a cuestionar el enfoque de la causa y el despliegue realizado durante el procedimiento.
La investigación se inició a partir de publicaciones en redes sociales en las que se observaba al menor manipulando armas de fuego y realizando prácticas de tiro. A partir de esas imágenes, los investigadores llevaron adelante tareas de inteligencia criminal que derivaron en el operativo judicial.
Durante el allanamiento fueron secuestradas armas cortas y largas, miles de municiones de distintos calibres, elementos para la recarga de proyectiles, un teléfono celular y una prenda que sería similar a la utilizada por el adolescente en los videos difundidos. Tanto el joven como su padre quedaron notificados en una causa por intimidación pública que tramita en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata.
Sin embargo, el estudio jurídico Annuasi Castañón Hurtado, que asumió la defensa técnica del menor, rechazó la interpretación del caso y sostuvo que se está intentando “criminalizar” una actividad deportiva legalmente regulada.
Según explicaron desde la defensa al medio La Buena Info, el adolescente es tirador deportivo federado, practica la disciplina desde hace varios años bajo normas de seguridad y supervisión, e incluso representó a la Argentina en competencias internacionales. También remarcaron que no registra antecedentes y que mantiene una destacada trayectoria tanto deportiva como escolar.
“Ver a un adolescente de 16 años con un arma genera un impacto social, pero la realidad es que desde los 10 años se puede estar federado y practicar este tipo de disciplinas con supervisión”, señalaron desde el estudio jurídico, al cuestionar que la investigación no habría contemplado ese contexto antes de avanzar con el allanamiento.
La defensa también criticó el importante despliegue policial durante el procedimiento, en el que participaron fuerzas especiales y distintas áreas de investigación. A su entender, se trató de un operativo desproporcionado para un joven dedicado al tiro deportivo y sin vínculos con organizaciones delictivas.
Mientras tanto, la investigación continúa su curso y será la Justicia la que deberá determinar si existió alguna conducta delictiva, cuál es la situación legal de las armas secuestradas y si los elementos reunidos alcanzan para sostener la imputación más allá de la explicación brindada por la defensa.
