La negociación salarial entre el Gobierno bonaerense y los gremios estatales ingresó en una nueva etapa de incertidumbre. Tras otra semana sin convocatoria oficial, comenzó a crecer el malestar entre los sindicatos, que esperaban una rápida reapertura de la discusión luego de que los salarios de junio fueran liquidados sin ningún incremento.
Las últimas reuniones paritarias se realizaron el 11 y 12 de junio con los representantes de la administración pública y del sector docente. En esos encuentros, la gestión de Axel Kicillof no presentó ninguna oferta salarial y explicó que la delicada situación financiera de la Provincia impedía avanzar con una propuesta concreta.
Desde entonces, el silencio oficial alimentó la preocupación sindical. Diversos dirigentes aseguraban haber recibido señales de que esta semana habría una nueva convocatoria para intentar destrabar el conflicto, pero finalmente eso tampoco ocurrió.
El reclamo comenzó a expresarse públicamente. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios con mejor vínculo político con el Ejecutivo provincial, reclamó la “urgente” reapertura de las paritarias y advirtió sobre la pérdida constante del poder adquisitivo de los trabajadores.
En el sector docente el clima aparece aún más delicado. Aunque todavía no existe una decisión formal, dirigentes sindicales ya transmitieron al Gobierno que, si continúan las demoras, podrían comenzar a discutir medidas de fuerza, incluyendo la posibilidad de un paro en las próximas semanas.
El conflicto se produce luego de que venciera el acuerdo salarial firmado en mayo, que había establecido una recomposición del 9,3% en cuotas y contemplaba una cláusula de revisión para adecuar los salarios a la evolución de la inflación. Esa instancia de revisión finalmente se abrió este mes, pero terminó sin avances concretos.
Durante las reuniones paritarias, los ministros Pablo López y Walter Correa expusieron el complejo panorama de las cuentas públicas bonaerenses, atribuyendo las dificultades a la caída de recursos y al impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional. Ese escenario llevó a postergar cualquier definición salarial.
Mientras tanto, la administración provincial busca cerrar un acuerdo que abarque varios meses para darle previsibilidad a las finanzas públicas. Los gremios, en cambio, reclaman una recomposición salarial importante, con retroactividad para compensar junio, y sostienen que la pérdida del poder adquisitivo ya supera ampliamente el 3%.
La próxima fecha clave será el 15 de julio, cuando deba liquidarse el salario correspondiente a ese mes. Hasta entonces, el margen para alcanzar un entendimiento existe, aunque la paciencia de los sindicatos comienza a agotarse y la posibilidad de un conflicto gremial ya dejó de ser una amenaza lejana.
La crisis de recursos que denunció la Provincia
La demora en las paritarias se produce en un duro contexto para la Provincia. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a denunciar el fuerte deterioro de las cuentas provinciales por la caída de los fondos enviados por el Gobierno nacional. Según el funcionario, Buenos Aires aporta cerca del 38% de la recaudación del país, pero recibe menos del 7% de la masa coparticipable.
López también aseguró que, por cada $10 que genera la Provincia, regresan menos de $2, y advirtió que las transferencias discrecionales de la Nación se desplomaron más de un 90% respecto de los niveles históricos. En ese contexto, sostuvo que la administración de Axel Kicillof debe sostener servicios esenciales, obras y el pago de salarios con recursos cada vez más limitados.
Ese escenario es el que el Ejecutivo bonaerense viene utilizando para explicar la falta de una propuesta salarial concreta. Sin embargo, los gremios sostienen que la pérdida del poder adquisitivo ya no admite más demoras y exigen una recomposición con retroactividad para compensar el salario de junio.
