La delicada situación financiera que atraviesan las provincias se transformó en uno de los principales desafíos que deberá afrontar Diego Santilli en su estreno como jefe de Gabinete. Más allá de la agenda legislativa y de la coordinación política del Gobierno nacional, el dirigente quedó frente a un problema que puede definir tanto la gobernabilidad de Javier Milei como su propio futuro electoral.
El primer motivo es estrictamente político. Santilli necesita reconstruir el vínculo con los gobernadores dialoguistas para garantizar mayorías en el Congreso. En los últimos meses quedó en evidencia que la Casa Rosada perdió capacidad para sostener aliados, algo que se reflejó en varias votaciones donde mandatarios provinciales que hasta hace poco acompañaban al oficialismo comenzaron a tomar distancia.
El propio Santilli ya inició conversaciones con distintos gobernadores con el objetivo de reactivar esa relación. La eliminación de las PASO aparece como una de las prioridades legislativas y varios mandatarios ya manifestaron su respaldo. Sin embargo, también dejaron en claro que esperan respuestas concretas a los reclamos económicos que vienen realizando desde hace meses.
Ahí aparece el segundo desafío, que incluso puede ser más complejo para el propio Santilli. Su objetivo político de competir por la gobernación bonaerense obliga a mirar con atención el impacto que tiene el ajuste nacional sobre la provincia más grande del país. Si Buenos Aires continúa perdiendo recursos y deteriorando sus servicios, el costo político no recaerá solamente sobre Axel Kicillof, sino también sobre cualquier dirigente nacional que aspire a gobernarla en el futuro.
Los números difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, reflejan la magnitud del problema. Según informó, en junio la coparticipación volvió a caer un 4,2% en términos reales y ya se ubica un 21,7% por debajo de los niveles de 2023. Además, sostuvo que durante el primer semestre las provincias resignaron más de 5,4 billones de pesos por la caída de la recaudación y el retiro de fondos nacionales, siendo Buenos Aires la jurisdicción más afectada por su escala.
Desde la administración bonaerense aseguran que la pérdida de recursos supera ampliamente cualquier margen de maniobra financiera y remarcan que el monto resignado incluso duplica el superávit fiscal que exhibe el Gobierno nacional. Para la Provincia, el deterioro responde a un modelo económico que golpea el consumo, reduce la recaudación y debilita el federalismo fiscal.
Santilli sabe que deberá caminar por una delgada línea. Por un lado, tendrá que sostener la disciplina fiscal que impulsa el presidente Milei y que controla con celo el ministro de Economía, Luis Caputo. Por el otro, necesitará mostrar capacidad de negociación con los gobernadores y evitar que la asfixia financiera termine profundizando el conflicto político con las provincias.
En ese contexto, la construcción de consensos ya no será solamente una cuestión parlamentaria. Para Santilli, encontrar un equilibrio entre el ajuste nacional y las demandas provinciales puede convertirse en la prueba política más importante de su gestión y, al mismo tiempo, en un factor determinante si algún día pretende convencer a los bonaerenses de que está preparado para gobernar la provincia.
