La investigación judicial contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa sumando elementos que complican su situación. En las últimas horas trascendió que la fiscalía federal que encabeza Gerardo Pollicita detectó consumos por $139.110.716 con tarjetas de crédito durante su paso por el Gobierno nacional, un monto que ahora forma parte del expediente por presunto enriquecimiento ilícito.
Según los investigadores, varios de esos gastos resultan difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados por el exfuncionario. Por ese motivo, la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en un informe que cruzará la evolución patrimonial de Adorni con sus ingresos, bienes, inversiones, deudas y gastos para determinar si existen inconsistencias.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la Justicia es el presunto uso de tarjetas de crédito pertenecientes a empleados que dependían de su estructura. La directora general Laura Schiuma declaró como testigo y confirmó que utilizó su tarjeta para comprar un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 de más de $2,18 millones, aunque aseguró que luego Adorni le devolvió el dinero en efectivo.
La investigación también detectó la compra de dos proyectores Epson para videojuegos por más de $3,6 millones, abonados con tarjetas de otro colaborador de la entonces Vocería Presidencial. Para los investigadores, esas operaciones podrían haber tenido como objetivo evitar que las compras quedaran registradas directamente a nombre del exfuncionario.
A esos movimientos se suma una factura por $8,18 millones emitida a nombre de otra empleada del área por la compra de artículos de blanquería. La fiscalía sospecha que esos productos estaban destinados a equipar la vivienda que Adorni adquirió en el country Indio Cuá, donde también se investigan importantes gastos en remodelaciones pagadas en efectivo.
Mientras la causa avanza en Comodoro Py, el Gobierno nacional confirmó que abrirá una investigación administrativa interna para determinar si existieron irregularidades en el uso de tarjetas de crédito de funcionarios y empleados de la ex Vocería Presidencial. La decisión fue anunciada por las nuevas autoridades del área tras la salida de Adorni del cargo.
En paralelo, la fiscalía continúa incorporando documentación bancaria, patrimonial y tributaria para reconstruir el origen de los fondos del ex jefe de Gabinete. El informe técnico que prepara la DAFI será determinante para definir los próximos pasos de una investigación que, lejos de cerrarse, sigue sumando nuevos capítulos.
