La pelea entre el Gobierno nacional y Luis Barrionuevo sumó un nuevo capítulo judicial. La Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, acudió a la Corte Suprema de Justicia para intentar dejar sin efecto un fallo que obligaba al Estado a reconocer provisoriamente a las autoridades electas de la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (UTHGRA).
La presentación fue realizada por la abogada María Fernanda Penas, representante de la cartera laboral que conduce Julio Cordero. El recurso apunta contra una resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había ordenado emitir un certificado provisorio de autoridades a favor de Barrionuevo mientras se resolvía el conflicto de fondo.
Desde el Gobierno evitaron hacer declaraciones sobre el caso. Fuentes consultadas señalaron únicamente que el tema “está totalmente judicializado”, aunque la decisión de recurrir al máximo tribunal refleja la intención oficial de no convalidar el proceso electoral que ratificó a Barrionuevo al frente del sindicato.
La elección realizada en diciembre pasado quedó envuelta en una fuerte polémica. Sectores opositores denunciaron presuntas irregularidades en el padrón y cuestionaron la cantidad de votantes informada por la conducción sindical. Incluso, dirigentes enfrentados con Barrionuevo sostuvieron que las cifras oficiales no coinciden con los registros de trabajadores habilitados para sufragar.
El conflicto se profundizó el 24 de junio, cuando el juez Julio Grisolía resolvió no reconocer legalmente a las autoridades surgidas de esos comicios, dejando en una situación de incertidumbre la continuidad institucional del histórico dirigente, que conduce el gremio desde hace más de cuatro décadas.
La disputa también tiene un trasfondo político. Antes de las elecciones presidenciales de 2023, Barrionuevo había alcanzado un acuerdo con Javier Milei para colaborar con la fiscalización electoral de La Libertad Avanza. Sin embargo, tras los resultados de las generales, en el espacio libertario surgieron fuertes cuestionamientos y acusaciones de que el sindicalista no había cumplido con lo pactado.
Desde entonces, la relación entre ambas partes quedó completamente rota. Ahora, con la intervención de la Corte Suprema, el enfrentamiento suma un nuevo episodio que podría definir el futuro de la conducción de uno de los gremios más importantes del país.