La pelea entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Axel Kicillof sumó un nuevo capítulo judicial. La Nación presentó una demanda ante la Corte Suprema para frenar la decisión de la Provincia de trasladar al Instituto de Previsión Social (IPS) los aportes jubilatorios de unos 20 mil trabajadores que hasta ahora realizan contribuciones al sistema nacional administrado por la ANSES.
El conflicto se originó con la aprobación del Presupuesto bonaerense 2026, donde el artículo 59 estableció que los empleados de empresas privadas con mayoría accionaria provincial comenzarán a aportar al IPS. La medida alcanza a trabajadores de ABSA, Aubasa, BAGSA, Centrales de la Costa, CEAMSE y otros organismos, además de personal docente extracurricular y no docente de establecimientos educativos privados reconocidos por la Provincia.
Solo ABSA cuenta con unos 2.200 trabajadores y Aubasa emplea a alrededor de 1.500 personas. En total, el universo alcanzado rondaría los 20 mil empleados, aunque el traspaso todavía no terminó de implementarse.
Frente a esa decisión, el Gobierno nacional presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia de Buenos Aires y el IPS. La demanda fue impulsada por la Procuración del Tesoro, en representación del Ministerio de Capital Humano y de la ANSES.
Además, solicitó una medida cautelar para que la aplicación de la norma quede suspendida hasta que exista un fallo definitivo de la Corte Suprema.
En la presentación judicial, la Nación sostiene que la Provincia invadió competencias exclusivas del Estado nacional al modificar el régimen previsional de trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo. Argumenta que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regulado por la Ley 24.241, es el único régimen aplicable para esos empleados.
El escrito también afirma que el artículo 125 de la Constitución solo permite a las provincias administrar sistemas previsionales para empleados públicos y determinadas cajas profesionales, por lo que considera inconstitucional incorporar trabajadores del sector privado al régimen bonaerense.
Otro de los argumentos centrales es el impacto económico. Según el Gobierno de Milei, el traspaso provocaría una pérdida de recursos para la ANSES, que seguiría obligada a financiar jubilaciones y prestaciones mientras deja de recibir los aportes de miles de trabajadores.
La demanda también advierte sobre posibles inconvenientes en futuras jubilaciones, liquidaciones de haberes y registros previsionales, además de señalar que el propio IPS ya avanzó con resoluciones para implementar el nuevo esquema e incluso inició gestiones ante ARCA para coordinar el cambio de aportes.
Como antecedente, la Nación recordó un fallo previo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una norma bonaerense que intentó incorporar al IPS a trabajadores de establecimientos educativos privados, al entender que debían permanecer dentro del régimen previsional nacional.
Ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver si la Provincia puede ampliar el alcance del IPS e incorporar a estos trabajadores o si, como sostiene el Gobierno nacional, esa decisión viola la Constitución y las competencias federales.