La disputa entre el Gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el conflicto llegó a la Corte Suprema luego de que Nación presentara una demanda contra la Provincia por el traspaso de los aportes jubilatorios de unos 20.000 trabajadores de empresas estatales bonaerenses desde la Anses hacia el Instituto de Previsión Social (IPS).
La decisión provincial quedó plasmada en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, que establece que las empresas estatales de la provincia deben realizar sus aportes patronales al IPS. De esta manera, miles de trabajadores pasarán a jubilarse bajo el régimen previsional bonaerense.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió la medida y aseguró que “es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial”.
Desde el Gobierno de Javier Milei consideran que la decisión invade competencias federales, afecta el financiamiento de la Anses y genera un conflicto entre ambos sistemas previsionales. Por ese motivo, promovieron una acción de inconstitucionalidad contra la Provincia y el IPS ante la Corte Suprema.
Bianco rechazó esos argumentos y sostuvo que la demanda busca “dificultar la gestión en la provincia”. Además, afirmó que la Nación “no se quiere quedar sin los fondos” y remarcó que históricamente la propia Anses avaló que organismos y empresas estatales provinciales realicen sus aportes en las cajas previsionales locales.
Entre las empresas alcanzadas por la medida figuran ABSA, encargada del servicio de agua y cloacas en 95 municipios; Aubasa, concesionaria de la Autopista Buenos Aires-La Plata y las rutas hacia la Costa Atlántica; además de Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y otras compañías vinculadas al sector energético.
El debate también se trasladó al ámbito educativo. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda ante la Suprema Corte bonaerense para que se declare inconstitucional el mismo artículo, al considerar que obliga a los colegios privados a derivar los aportes de docentes y auxiliares al IPS. Según el sector, la medida podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores.
