La investigación judicial contra el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Daniel Rafecas ordenó una serie de medidas de prueba para profundizar la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito y por una supuesta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.
Las diligencias fueron dispuestas antes de resolver el pedido de declaración indagatoria que impulsó el fiscal Guillermo Marijuán. El objetivo es determinar si el incremento patrimonial del legislador tiene un origen legítimo o si existen inconsistencias que ameriten avanzar con la causa.
Entre las medidas, Rafecas solicitó información al Banco Provincia para obtener el detalle de todos los pagos realizados entre 2024 y 2026 correspondientes a la cancelación de un crédito hipotecario por 60 millones de pesos.
Además, el magistrado requirió a la Legislatura bonaerense el envío de la última declaración jurada presentada por Adorni en su calidad de diputado provincial. Paralelamente, libró oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia para verificar la titularidad, valuación y forma de incorporación al patrimonio de dos inmuebles.
Otro de los ejes de la investigación apunta a una herencia por 21 millones de pesos que el legislador incorporó mediante una rectificación de su declaración jurada una vez iniciada la causa. La Justicia intenta establecer si ese dinero efectivamente provino de una sucesión y si la información declarada es consistente.
En su dictamen, Marijuán sostuvo que Adorni habría ocultado deliberadamente bienes y cuentas bancarias. El fiscal remarcó además que, por su formación como perito contador y por sus antecedentes laborales en el Consejo de la Magistratura bonaerense, conocía en detalle cómo debía confeccionarse una declaración jurada.
La investigación también detectó diferencias entre los montos de la herencia declarados por Francisco Adorni y los bienes informados por su hermano, el vocero presidencial Manuel Adorni, lo que forma parte de las inconsistencias que ahora analiza la Justicia.
En paralelo, la Cámara Federal resolvió unificar en los tribunales de Comodoro Py otra causa que involucra al legislador. Ese expediente investiga presuntas irregularidades vinculadas a un préstamo de 40.000 millones de pesos relacionado con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
