La preocupación crece entre las familias de la Escuela de Educación Secundaria Comercial N.º 3 de La Plata, donde un grupo de padres decidió organizar un petitorio para solicitar una reunión urgente con las autoridades del establecimiento ante los reiterados episodios de violencia que, según denuncian, vienen ocurriendo desde hace tiempo.
El reclamo tomó mayor fuerza luego de que la propia institución emitiera un comunicado interno tras tomar conocimiento de la presunta presencia de un arma blanca durante el turno tarde. Si bien desde la escuela señalaron que se actuó conforme a la normativa vigente, varios padres consideran que la situación requiere medidas más profundas.
“Nuestro objetivo no es señalar a ningún estudiante ni generar alarma, sino visibilizar una preocupación real que está llevando a algunas familias a no enviar a sus hijos por miedo”, expresó la madre de un alumno de primer año, quien participa de la iniciativa.
Los padres aseguran que en los últimos meses se registraron amenazas entre estudiantes y sostienen que el problema no es nuevo. Incluso recordaron que el año pasado un alumno habría exhibido una réplica de un arma de fuego dentro del establecimiento, un episodio que generó una fuerte preocupación en la comunidad educativa.
En el comunicado difundido por el equipo directivo, la escuela informó que intervino bajo supervisión, mantuvo reuniones con las familias de los estudiantes involucrados y continuará desarrollando propuestas pedagógicas destinadas a reflexionar sobre este tipo de situaciones. Además, convocó a las familias a acompañar ese trabajo desde sus hogares.
Sin embargo, quienes impulsan el petitorio consideran que esas acciones no alcanzan y reclaman la intervención de organismos especializados para abordar los conflictos. “Nuestros hijos están muy desprotegidos. Necesitamos ayuda profesional para afrontar este problema”, sostuvieron.
Las familias también señalaron que existe preocupación entre docentes y preceptores por lo que ocurre dentro de la institución, aunque prefieren preservar sus identidades para evitar posibles consecuencias laborales. Mientras tanto, esperan ser recibidos por las autoridades y obtener respuestas concretas que brinden mayor tranquilidad a toda la comunidad educativa.