El comercio ilegal continúa ganando terreno en Argentina y ya representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según se expuso durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito. Empresarios y funcionarios coincidieron en que el crecimiento del contrabando se convirtió en uno de los principales desafíos para la economía y la industria nacional.
De acuerdo con un informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la magnitud del problema en Argentina es similar a la de Brasil, mientras que en países como México el comercio ilegal alcanza el 8% del PBI.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sostuvo que el país arrastra años de controles insuficientes sobre las fronteras y reconoció que el actual Gobierno intenta fortalecer las herramientas para combatir este fenómeno. Sin embargo, remarcó que la extensión de las fronteras argentinas hace que el desafío sea especialmente complejo.
Uno de los sectores más afectados es el de la telefonía celular. María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, aseguró que uno de cada tres celulares que se venden en Argentina ingresa por canales ilegales, lo que equivale a unos tres millones de equipos al año. Además, señaló que este rubro representa entre el 5% y el 15% de todo el comercio ilegal.
El impacto económico también se refleja en la recaudación. Un informe de la consultora MAP estimó que el Estado dejó de percibir alrededor de 2.300 millones de dólares por el avance del contrabando. Entre los sectores más perjudicados aparecen los celulares, los textiles, las cervezas y el tabaco.
En ese sentido, Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, afirmó que tres de cada diez cigarrillos consumidos en América Latina son ilegales y definió al cigarrillo como “el bien legal más contrabandeado”.
Desde el Gobierno nacional, el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Martín Blanco Muiño, reconoció que el Estado enfrenta enormes dificultades para controlar los 9.300 kilómetros de frontera y fiscalizar los más de 250.000 comercios de cercanía que existen en el país.
Por su parte, representantes de la Dirección General de Aduanas destacaron que se trabaja en la modernización de normas, la desregulación y el fortalecimiento de los controles sobre el tráfico de mercaderías, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, advirtió que el contrabando ya forma parte de las economías criminales organizadas. “El ingreso de mercadería ilegal pone en crisis a la industria nacional, afecta el empleo formal y utiliza las mismas redes que alimentan al narcotráfico”, alertó.
