El Gobierno de Javier Milei ya definió cuál será una de sus principales batallas legislativas tras el receso invernal. Luego de la vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el Presidente encabezó una reunión de Gabinete en la que se resolvió acelerar la aprobación de la reforma al Régimen de Zona Fría, una medida que apunta a reducir el costo de los subsidios al consumo de gas residencial.
La estrategia de la Casa Rosada es conseguir que el Senado sancione el proyecto sin modificaciones. Las negociaciones son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, quienes buscan reunir el respaldo de gobernadores y bloques dialoguistas.
Desde el oficialismo sostienen que la ampliación del régimen aprobada en 2021 terminó desvirtuando el sistema original, ya que incorporó numerosas localidades que, según consideran, no presentan condiciones climáticas extremas. Por ese motivo, la propuesta busca volver a un esquema más acotado y focalizado.
En caso de avanzar la iniciativa, el beneficio continuará vigente para los usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En cambio, las localidades que fueron incorporadas durante la ampliación de 2021 dejarán de recibir el descuento automático y solo podrán acceder al subsidio quienes cumplan los requisitos del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La provincia de Buenos Aires sería una de las más afectadas por el cambio. Según el proyecto, unas 55 ciudades perderían el beneficio generalizado, entre ellas Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Olavarría y buena parte de las localidades de la Costa Atlántica. También habría modificaciones para departamentos de Córdoba y Santa Fe que habían sido incorporados al régimen en los últimos años.
La iniciativa, sin embargo, enfrenta resistencias dentro del Senado. Algunos legisladores de la oposición dialoguista y representantes de provincias alcanzadas por la medida ya expresaron reparos por el impacto que tendría sobre las familias de ingresos medios, por lo que el oficialismo deberá negociar voto por voto para lograr su aprobación.
Mientras impulsa esta reforma, el Gobierno también busca avanzar con otros proyectos considerados estratégicos para el segundo semestre. Entre ellos figuran la reforma electoral con la eliminación de las PASO, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central para impedir el financiamiento del Tesoro y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar el ingreso de dólares no declarados al sistema formal.
La última sesión del Senado antes del receso está prevista para el 16 de julio, aunque la discusión de fondo sobre la reforma de Zona Fría se retomará a partir del 6 de agosto, cuando la Cámara Alta reinicie su actividad y comience una negociación que promete fuerte impacto político y económico.