La Cámara Federal de San Martín revocó una medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos del programa Volver al Trabajo (VAT), una decisión que, según denunció la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), podría dejar sin ingresos a unas 900.000 personas a partir de agosto.
El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, avaló la postura del Gobierno nacional al considerar que el programa tenía un plazo de vigencia de 24 meses y que puede ser reemplazado por una nueva política denominada “Formando Capital Humano”, basada en vouchers de capacitación.
Desde la UTEP cuestionaron con dureza la resolución judicial y sostuvieron que se priorizaron cuestiones administrativas por encima de la situación social de los beneficiarios. La organización afirmó que el ingreso tiene un carácter alimentario y resulta indispensable para miles de familias de todo el país.
En un comunicado, la entidad señaló que considerar el beneficio únicamente como una asignación vinculada a capacitaciones desconoce la realidad de quienes dependen de ese dinero para complementar sus ingresos y cubrir necesidades básicas.
El programa Volver al Trabajo otorgaba una prestación mensual de $78.000 por beneficiario. Ese monto permanecía congelado desde 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei transfirió la gestión de estos planes al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.
La organización social advirtió además que la eliminación del programa podría empujar a la indigencia a cientos de miles de familias que utilizan ese ingreso para afrontar gastos esenciales como alimentos y otros consumos básicos.
En ese contexto, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, confirmó que la organización participará el próximo 22 de julio de la movilización de jubilados al Congreso y anunció una nueva jornada nacional de protesta para el 7 de agosto bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.
Además, adelantó que la UTEP impulsará, junto con la CGT y las dos CTA, una movilización hacia el Ministerio de Economía para reclamar medidas frente a la situación económica que atraviesan los sectores más vulnerables.
