El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) a la administración pública al aprobar el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la IA. La medida establece las reglas que deberán cumplir todos los organismos bonaerenses para desarrollar, implementar y utilizar este tipo de tecnologías.
La normativa designa al Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, como autoridad de aplicación. Además, crea un registro obligatorio donde deberán inscribirse todos los sistemas de Inteligencia Artificial que utilicen o desarrollen las distintas dependencias del Estado provincial.
Según el decreto, el objetivo es consolidar una estrategia integral que permita aprovechar la IA para mejorar la eficiencia, la calidad, la accesibilidad y la transparencia de los servicios públicos, al mismo tiempo que impulsa la innovación, el desarrollo tecnológico local y la soberanía digital.
La Provincia ya había avanzado a fines de 2025 con una regulación orientada a garantizar un uso razonable y confiable de estas herramientas, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de la ciudadanía. Con este nuevo marco, esas políticas adquieren carácter obligatorio para la administración central, los organismos descentralizados y las entidades autárquicas. Además, se invita a los municipios bonaerenses a adherir de manera voluntaria.
Entre los principios que deberán respetarse figuran la protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana en las decisiones automatizadas, la transparencia y trazabilidad de los sistemas, la seguridad informática, la protección de los datos personales, la prevención de sesgos discriminatorios, la interoperabilidad tecnológica y la rendición de cuentas.
El decreto también establece que cualquier desarrollo, contratación, implementación, uso o renovación de sistemas de Inteligencia Artificial deberá contar previamente con la intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital, incluso cuando los proyectos sean financiados con recursos externos. Ese organismo también será responsable de homologar las soluciones tecnológicas, elaborar protocolos, definir estándares técnicos y evaluar los riesgos asociados a cada sistema.
Como parte del esquema de gobernanza, se crea un Registro de Inteligencia Artificial en el que cada organismo deberá informar qué herramientas utiliza, su estado de implementación, las modificaciones realizadas y otros datos relevantes para garantizar un seguimiento permanente.
Por último, la normativa contempla la posibilidad de conformar un Consejo Asesor integrado por especialistas, universidades y otros actores para analizar riesgos, proponer buenas prácticas y emitir recomendaciones sobre el uso de la IA. Además, la autoridad de aplicación deberá desarrollar mecanismos para evaluar el impacto de estas tecnologías sobre los derechos fundamentales, la calidad de los servicios públicos, las condiciones laborales, la presencia de sesgos y el impacto ambiental derivado de su funcionamiento.
