La crisis que atraviesa IOMA llegó al Congreso de la Nación. Durante la última sesión del Senado, el legislador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Abad, presentó una cuestión de privilegio contra el gobernador Axel Kicillof, a quien responsabilizó por el deterioro de la obra social bonaerense y por las demoras en la atención que afectan a más de 2,5 millones de afiliados.
Durante su exposición, Abad sostuvo que “la destrucción de IOMA es el reflejo más doloroso del fracaso de la gestión de Kicillof en la Provincia” y aseguró que el derecho a la salud de millones de bonaerenses “está siendo vulnerado”. Además, afirmó que la situación de la obra social “ya no admite más excusas ni más dilaciones”.
El senador consideró que el problema dejó de ser una cuestión administrativa para convertirse en una emergencia sanitaria que impacta sobre docentes, policías, médicos, jubilados, trabajadores estatales y sus familias. En ese sentido, señaló que las demoras en prestaciones, cirugías y tratamientos se repiten en distintos puntos de la provincia.
Abad también hizo referencia a los reclamos registrados en ciudades como La Plata y Mar del Plata, donde los afiliados denunciaron dificultades para acceder a tratamientos, interrupciones en prestaciones y atrasos en los pagos a prestadores privados. “El sufrimiento se ha transformado en el sello de una obra social que durante décadas fue un orgullo para la provincia y que hoy está siendo destruida por la desidia y la ineficiencia”, expresó.
Para respaldar sus cuestionamientos, el legislador citó el último informe del Tribunal de Cuentas bonaerense. Según indicó, el organismo detectó policonsultorios sin habilitación, profesionales sin matrícula activa, irregularidades contables y un fuerte incremento del presupuesto ejecutado sin los controles adecuados. “Es la radiografía de una gestión sin planificación”, afirmó, al recordar que el presupuesto pasó de $362.000 millones a ejecutar $1,3 billones.
El dirigente radical sostuvo que la crisis de IOMA también repercute sobre el resto del sistema sanitario provincial, ya que el colapso de la obra social termina recargando la atención en hospitales públicos y clínicas privadas. Por eso reclamó un plan urgente de saneamiento financiero y administrativo para garantizar prestaciones médicas, tratamientos oncológicos y el transporte para personas con discapacidad.
Finalmente, Abad volvió a responsabilizar al Gobierno bonaerense por la situación y pidió una conducción técnica que permita recuperar el funcionamiento de la obra social. “La responsabilidad política, institucional y moral de esta crisis tiene nombre y apellido. El gobernador no puede seguir mirando para otro lado mientras millones de bonaerenses ven vulnerado un derecho humano básico como es el acceso a la salud”, concluyó.
