El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral al reglamentar cómo deberán calcularse los aportes sindicales previstos en los convenios colectivos. A través del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, estableció que las horas extra, el aguinaldo, los bonos y otros pagos no habituales dejarán de formar parte de la base sobre la que se calculan esos aportes.
La medida se enmarca en la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y, según explicó el Poder Ejecutivo, busca otorgar mayor certeza sobre el alcance de las normas vigentes antes de la homologación de nuevos convenios colectivos.
Con la nueva reglamentación, la base de cálculo de los aportes sindicales estará integrada únicamente por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y por las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual previstas en los acuerdos colectivos.
En ese marco, el decreto establece que ya no se tendrán en cuenta para ese cálculo las horas extras, los premios y bonos, la participación en las ganancias, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), el plus vacacional, las sumas no remunerativas ni cualquier otro pago que no sea normal, habitual y mensual.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es unificar criterios y evitar interpretaciones que amplíen la base de cálculo, lo que podría generar mayores costos laborales tanto para empleadores como para trabajadores en el marco de las negociaciones colectivas.
La norma también introduce nuevas obligaciones para las organizaciones sindicales. En adelante, las contribuciones que los empleadores acuerden realizar a favor de los gremios deberán destinarse exclusivamente a obras sociales, prestaciones asistenciales, previsionales o culturales que beneficien directamente a los trabajadores.
Además, los sindicatos deberán administrar esos recursos de manera separada del resto de su patrimonio, llevando una contabilidad específica y documentación diferenciada que permita una mayor trazabilidad y control sobre el destino de los fondos.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que estas precisiones buscan “brindar certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación”, facilitando el control de legalidad previo a la homologación de los convenios colectivos. La medida entró en vigencia este 20 de julio con su publicación en el Boletín Oficial.
